¿Qué lugar deben ocupar las pantallas, las redes sociales y las tecnologías digitales en la vida de niñas, niños y adolescentes?
La pregunta no admite respuestas simples y prohibir no basta. Tampoco basta con entregar dispositivos, conectar escuelas a Internet o asumir que una generación que nació rodeada de pantallas ya sabe utilizarlas de manera segura.
La Secretaría de Educación Pública ha abierto un debate nacional sobre el uso de dispositivos digitales y redes sociales, con la intención de avanzar hacia una cultura digital consciente, crítica y responsable. El planteamiento es pertinente porque el problema no termina cuando el teléfono entra o sale del aula: atraviesa la familia, la escuela, la comunidad y las relaciones sociales.
Y tenemos razones para ocuparnos.
En México, 95.1 por ciento de las personas de 12 a 17 años utiliza Internet. Al mismo tiempo, 23 por ciento de las y los adolescentes usuarios de Internet experimentó alguna forma de ciberacoso durante 2024. Más recientemente, un estudio de UNICEF, ECPAT e INTERPOL estimó que uno de cada ocho adolescentes usuarios de Internet en México sufrió explotación o abuso sexual facilitado por tecnologías digitales durante un periodo de un año.
“Necesitamos familias que acompañen. Docentes
formados no únicamente para utilizar tecnología,
sino para incorporarla pedagógicamente y
enseñar a sus estudiantes a pensar frente a ella.
Plataformas que asuman responsabilidades de
protección. Autoridades capaces de regular con
evidencia. Y una sociedad que comprenda que
la seguridad digital también es una forma de
protección de derechos.”
Pero el riesgo no se limita al ciberacoso o a la explotación sexual. En contextos atravesados por violencia, las tecnologías pueden convertirse también en espacios de captación, manipulación, extorsión y contacto con redes delictivas. UNICEF reconoce el reclutamiento y utilización de niñas, niños y adolescentes por grupos delictivos como una grave vulneración de derechos.
Sin embargo, sería un error convertir a la tecnología en el enemigo. La misma herramienta que puede utilizarse para dañar también permite aprender, comunicarnos, acceder a información, reducir tiempos y costos, desarrollar capacidades, acercar servicios y ampliar oportunidades educativas. Para niñas y niños que viven en comunidades alejadas, atraviesan procesos migratorios o enfrentan barreras de acceso, una tecnología pertinente puede significar una puerta hacia conocimientos y oportunidades que antes estaban lejos.
Por eso resulta fundamental recordar algo que a veces olvidamos: el acceso a la tecnología también es un derecho. La Constitución reconoce el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, mientras que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece tanto el derecho de acceso universal a las TIC como el derecho a utilizarlas de manera segura.
La discusión, entonces, no debería ser tecnología sí o tecnología no. Debería ser: ¿para qué, cómo, cuándo, con quién y bajo qué condiciones utilizamos la tecnología?
La UNESCO ha advertido que la tecnología educativa debe estar al servicio de las personas y no sustituir la interacción humana. También señala que su incorporación debe ser pertinente, equitativa, basada en evidencia y sostenible.
Ahí aparece una palabra que considero central y que es la alfabetización digital.
No significa enseñar únicamente a abrir una aplicación, utilizar una plataforma o manejar un dispositivo. Significa aprender a distinguir información de manipulación; reconocer riesgos; proteger datos personales; comprender cómo funcionan los algoritmos; identificar violencia digital; saber pedir ayuda; construir hábitos saludables; utilizar herramientas tecnológicas para aprender y crear, pero también saber cuándo apagar la pantalla.
Y esto no puede recaer exclusivamente en las escuelas. Necesitamos familias que acompañen. Docentes formados no únicamente para utilizar tecnología, sino para incorporarla pedagógicamente y enseñar a sus estudiantes a pensar frente a ella. Plataformas que asuman responsabilidades de protección. Autoridades capaces de regular con evidencia. Y una sociedad que comprenda que la seguridad digital también es una forma de protección de derechos.
Necesitamos recuperar el juego colectivo, la conversación cara a cara, el deporte, la lectura, la convivencia familiar, el contacto con la naturaleza y la construcción comunitaria; no porque la tecnología deba desaparecer, sino porque ninguna pantalla puede sustituir aquello que nos hace humanos.
La tecnología puede ser liberadora cuando amplía nuestras capacidades. Se vuelve problemática cuando comienza a decidir nuestros hábitos, nuestras relaciones y nuestro tiempo. La apuesta educativa, por tanto, no debe ser formar generaciones enemigas de la tecnología, sino generaciones capaces de gobernarla.
Que nuestros hijos aprendan a utilizarla sin convertirse en sus usuarios cautivos.
Que la tecnología nos ayude a vivir mejor, aprender más y acercarnos unos a otros.
Que esté en nuestras manos, pero que nunca termine por tenernos en las suyas.
