■ Diputados de Zacatecas carecen de facultades para regular el Servicio Profesional Docente
Con la declaración de inconstitucionalidad que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a dos artículos (9 y 12) de la Ley de Educación de Zacatecas, los ministros determinaron ayer que habrá alcances e implicaciones en 40 artículos más de dicha normatividad.
Este jueves sesionó el máximo tribunal del país para continuar la discusión de la acción de inconstitucionalidad que interpusiera el presidente Enrique Peña Nieto, en contra de la Ley de Educación de Zacatecas con el argumento de que la entidad no podía legislar para reconocer derechos adquiridos que provengan de acuerdos alcanzados entre el magisterio y la autoridad educativa local, relativos a beneficios laborales, profesionales, salariales y sociales.
Además, se estableció que los diputados de Zacatecas carecen de facultades para regular el Servicio Profesional Docente, toda vez que la ley estatal había establecido que quedaban salvaguardados de las nuevas reglas los derechos de los maestros de base.
Desde el martes los ministros declararon la inconstitucionalidad, pero ayer jueves en sesión de pleno detallaron los efectos y alcances de dicha determinación. De modo que también establecieron la inconstitucionalidad de los artículos 9 fracción 3, 12, 13 y 67 porque dijeron, el legislador local carece de facultades para regular sobre el Servicio Profesional Docente y al haberlo hecho violentaron algunos artículos de la Constitución.
Es así que señalaron que de acuerdo a lo establecido por la ley reglamentaria del artículo 105 constitucional pueden hacerse extensivos los efectos a otros artículos que tengan relación con los ya declarados inconstitucionales.
Por tanto, después de una exhaustiva revisión llegaron a la conclusión de que deben extenderse a los artículos 8 fracción tercera en la porción normativa que indica, 14 fracción segunda, 43 fracción cuarta, así como 55, 56, 61, 69, 70 a 89, 90 párrafo 4, 92 a 102 y séptimo transitorio de la Ley de Educación de Zacatecas.
Asimismo los ministros señalaron que los cambios y declaraciones de invalidez surtirán efecto a partir de la notificación al Congreso de Zacatecas. Además, de la lectura de la propuesta aprobada se determinó que la extensión involucrará a prácticamente 40 artículos más de los que fueron impugnados.
No obstante se dejó el análisis de éstos para la sesión próxima del pleno de la SCJN, la cual será el siguiente lunes y ahí verá “con cuidado las observaciones correspondientes” de cada artículo.
Hay motivos para preocuparse
Desde el miércoles el Movimiento Democrático del Magisterio Zacatecano (MDMZ) externó su preocupación porque con los cambios de la Corte estén en riesgo los 90 días de aguinaldo que actualmente recibe, ya que una parte la da Gobierno estatal y si se desconocen los logros locales desaparecerían 30 días, según los cálculos del líder disidente, Marcelino Rodarte.
Al respecto, el secretario de la Comisión legislativa de Educación, José Luis Figueroa Rangel dijo que los maestros tienen motivos para estar preocupados ya que con la inconstitucionalidad de los artículos 9 y 12, su aguinaldo se podría reducir de 90 a 40 días, pues aseguró que la Federación da 40 y el estado los otros 60 convenidos cada año mediante la concurrencia estatal o doble negociación.
Se trató por tanto de “una ilusión” lo que se legisló en Zacatecas promovido por los diputados perredistas Rafael Flores y Gilberto Zamora, dijo Figueroa quien lamentó que algunos maestros cayeron en la comodidad y ahora la única manera que se tiene en Zacatecas para hacer valer los acuerdos minutados con las secciones 34 y 58 del SNTE es la autonomía del gobierno, pero el problema es que aquí no hay autonomía presupuestal.
De modo que auguró que la dependencia de Zacatecas ante la Federación, meterá en complicaciones a los trabajadores y la propia autoridad educativa, ya que se podría desatar una crisis de inconformidad. “Los maestros tienen que abrir los ojos y darse cuenta que fue falsa la esperanza que se cobijó cuando se aprobó la reforma educativa estatal”.
Ante las inminentes afectaciones al magisterio en materia de seguridad social, laboral y educativas, Figueroa creyó que la salida es que el gobernador Miguel Alonso asuma los compromisos hechos con los maestros y no les afecte.
