Entre las novedades más importantes que el diseño del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) trae consigo es el de la inclusión de un Consejo de Participación Ciudadana, integrado por cinco personas que, en términos de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, deben destacarse por su “probidad y prestigio”, así como por su “contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción.”
Entre los requisitos que estos ciudadanos deben llenar, están: experiencia verificable de cuando menos cinco años en las materias de transparencia, evaluación, fiscalización, rendición de cuentas o combate a la corrupción; tener más de treinta y cinco años al día de la designación; poseer como mínimo diez años de haber recibido el título de nivel licenciatura; gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno; presentar sus declaraciones de intereses, patrimonial y fiscal (la famosa tres de tres); no haber sido candidato ni haber desempeñado cargo de elección popular, ni haber sido dirigente partidista, ni militante de ninguna especie de ningún partido político cuando menos en cuatro años; no haber sido miembro de gabinete, sea a nivel federal o estatal, ni de la Ciudad de México, a menos que se haya separado un año antes de tal encargo.
Estos ciudadanos, además no tendrán prestaciones, y su relación laboral con la Secretaría Ejecutiva será a través de la figura de contratos de prestación de servicios por honorarios, buscando, según establece la legislación antes citada: “garantizar la objetividad de sus aportaciones”.
Es importante destacar que dicho Comité de Participación Ciudadana, encabezará el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), por medio de alguno de sus miembros, en carácter de Presidente de dicho Comité, cargo que se rotará entre ellos cada año, atendiendo a su antigüedad.
Para nombrar a estos ciudadanos, el Senado de la República eligió a un Comité de Selección, previsto también en la Ley del SNA, integrado por personajes de amplia trayectoria y reconocimiento en este ámbito, y cuyo prestigio es defendible, ellos son: Sergio López Ayllón, Director General del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); María Elena Morera, Fundadora y Presidenta de Causa en Común, AC; Juan Pardinas, Director General del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO); Viridiana Ríos, Investigadora del Wilson Center en Washington, D.C.; y el prestigiado Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Pedro Salazar Ugarte.
Por este arranque, podemos decir que las cosas comenzaron bien. Sin embargo, falta lo más importante, que es la selección misma de este Comité de Participación Ciudadana y el actuar de sus integrantes, quiénes deberán tener características sólidas, no solo en lo ya expresado por la Ley, sino además en astucia, capacidad política, comunicación y lo más importante: de innovar desde una posición pública, en la que el carácter de “ciudadano”, deberá diferenciarse del resto, con su conducta, pero también con sus resultados. No bastará la solidez ética si no se hay eficacia, ni tampoco ésta si para alcanzarse se sacrificaron los valores que deben representar estos actores públicos. Tendrán frente así el inherente reto, que nuestros representantes populares no han podido lograr: hacer que los medios y el fin, se legitimen mutuamente.
De la experiencia nacional, podremos ir generando una ruta crítica para la puesta en marcha de lo local, aunque claro está que cualquier Estado puede desanclarse de la lógica provinciana y poner el ejemplo con acciones que den muestra que la calidad académica y la innovación institucional no son materia exclusiva del centro.
Por lo pronto, en Zacatecas, el Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IZAI), ha hecho una labor que vale la pena reconocer, a través de lo concerniente al Gobierno Abierto, ampliando su convocatoria a la participación de más ciudadanos, con un plan de acción coherente, práctico y que está funcionando. Y ahí viene la elección de su Consejo Consultivo, que será también una oportunidad para la ciudadanía de participar y hacer la diferencia. Zacatecas puede hoy, ser punta de lanza en la materia. Aprovechemos el contexto y pongámonos al frente de la inexcusable labor de combatir la corrupción. ■
*Miembro de Impacto Legislativo, OSC parte
de la Red por la Rendición de Cuentas
@CarlosETorres_
