La venta de mariguana está a punto de no ser considerada como un delito para convertirse en un negocio bastante redituable. Así lo demuestra la creciente aceptación y legislación a favor de su uso médico y recreativo en Estados Unidos. Paralelamente, se empieza a pensar en atacar el problema desde la demanda y no desde la oferta ¿Qué implicaciones tiene todo esto para nuestro país?
Uno de los primeros puntos a considerar es el efecto de una política de drogas más laxa en Estados Unidos. La despenalización del uso de la mariguana presionará hacia abajo el precio del producto en nuestro país vecino. Recordemos que, al tratarse de un producto prohibido, el precio de la droga a nivel de calle se incrementa por lo que eliminar esta característica hará que el precio disminuya. Al mismo tiempo, las nuevas legislaciones implican que existan productores autorizados, a una mayor oferta el precio de la droga también disminuirá. Finalmente, tenemos que preguntarnos qué tan competitivos serán los narcotraficantes comparados con los nuevos productores norteamericanos; posiblemente muy poco.
Al no poder comercializar su producto en Estados Unidos, como en cualquier otro negocio, los narcotraficantes necesitarán posicionarse en otro mercado. Una alternativa bastante lógica es simplemente dejar de exportar y tratar de influir en el mercado local. Por esta razón, la despenalización en Estados Unidos podría hacer que el mercado ilícito de la marihuana en México creciera. Ante la presión y el cambio de paradigma que estamos enfrentando, México necesita apurarse en la discusión de la legalización de la droga. El tener una mejor y más moderna política de drogas permitiría convertir pérdidas en ganancias, generar verdaderas estrategias de desarrollo alternativo y despresurizar nuestro sistema penitenciario entre muchas otras cosas.
Convertiríamos pérdidas en ganancias al cobrar impuestos a una industria que ya existe. Actualmente el gasto destinado a combatir a los productores de mariguana es altísimo. Mientras nosotros seguimos gastando en quemar campos de cosecha, Estados Unidos está generando ingresos a través de los impuestos asignados a la producción de la mariguana. Tarde o temprano seguiremos los pasos de nuestro vecino norteño la pregunta es qué tan tarde llegaremos o con cuánta ventaja.
Nuestra actual política de drogas ataca a la producción. Tom Wainwright, escritor inglés y corresponsal de The Economist, explica como los grandes cárteles funcionan igual que tiendas departamentales como Walt-Mart. Se trata de cadenas donde los vendedores de productos (los campesinos) solamente pueden venderle a una sola tienda (los cárteles). Cada que se quema un sembradío de marihuana o amapola el costo y el riesgo no son absorbidos por los cárteles sino por los campesinos. Al mismo tiempo, el tratar que se dediquen a sembrar otro producto no es viable dado a las bajas ganancias que generan. Si las autoridades legalizaran la producción, estos mismos campesinos podrían tener acceso a un comercio más justo.
El análisis de Wainwright también hace énfasis en como las penitenciarías en México son la escuela perfecta para los criminales y al mismo tiempo funcionan como centros en donde los cárteles pueden reclutar personal fácilmente. La criminalización del consumo y de la posesión de mariguana satura aún más y de manera innecesaria las cárceles en México. Esto hace que los sistemas de readaptación social no funcionen y que aquellos que ingresaron por delitos menores aprendan cómo convertirse en verdaderos delincuentes. Contar con una política de drogas más adecuada evitará que quien pueda ser rehabilitado se convierta en delincuente y al mismo tiempo permitiría destinar recursos para delitos más graves.
Los adversarios de la liberalización de las drogas argumentan que esto sería una carga para nuestro sistema de salud y que una política más relajada disminuiría el nivel moral de nuestra sociedad. Al primer elemento podríamos responder que se necesita considerar las ganancias que se generarían a través de los impuestos asignados a la producción, los ahorros que tendríamos en materia de seguridad y sopesarlo con los costos (si es que realmente aumentaran) que tendría nuestro sistema de salud. El segundo punto, la moralidad de nuestra sociedad, resulta un poco más filosófico. Así como se enseña a no ingerir alcohol siendo menores de edad, los jóvenes tienen que estar conscientes sobre las consecuencias que implica usar otro tipo de drogas. El hecho de que el uso de la mariguana sea ilegal, expone a los jóvenes que quieren probarla a un mayor riesgo y deja sin posibilidad al estado para actuar como regulador.
Necesitamos que esta discusión trascienda en nuestro país. Por supuesto que la mariguana es solamente una parte pequeña de un mercado enorme. Por esta razón nuestro debate tiene que referirse al uso de otras drogas y no esperar a reaccionar una vez que Estados Unidos haya decidido legalizar el mercado dejándonos, de nuevo, en los últimos lugares de la carrera. ■
