El 8 de septiembre de 2020, la Mesa de Trabajo sobre la reforma judicial, organizada por el Senado de la República, tuvo su primera sesión. Con ella inició formalmente la discusión en torno a distintas iniciativas presentadas por parte de senadores, diputados y otros actores, las cuales, si atendemos a su exposición de motivos, pretenden mejorar el acceso a la justicia. El resultado de este proceso legislativo, sin duda, tendrá un impacto en la manera en la que, como integrantes de la sociedad, ejercemos este derecho [1]. Sin embargo, es justo esta voz, la de la sociedad, la que ha permanecido marginada en los espacios de discusión sobre las reformas que el Senado ha previsto hasta ahora.
Que quede bien claro: es muy positivo que los legisladores quieran mejorar la impartición de justicia y el acceso a ella en nuestro país. Es, en realidad, una tarea urgente. Muestra de ello es que, si lo enfocamos desde la materia penal —que suele ser la más observada—, la gran mayoría de los delitos queda impune. Y desde el lado del funcionamiento de los poderes judiciales, son patentes los problemas de ineficiencia y de falta de disponibilidad de los servicios, sobre todo a nivel local. A ello se le suman los casos de corrupción y el hecho de que, tradicionalmente, los poderes fácticos han buscado capturar al Poder Judicial para hacer un uso político de la justicia. El reto, como ven, es enorme.
Para atender estos problemas, desde el inicio del sexenio se ha hablado de la necesidad de una “reforma judicial”. Para ello, los legisladores federales y el mismo Poder Judicial de la Federación, mediante el Ejecutivo [2], han presentado alrededor de 80 iniciativas, que versan sobre muy distintos temas —esto sin contar las cerca de 200 iniciativas que también han presentado en materia de justicia penal [3], y que se suelen echar en el mismo saco de la reforma judicial—.
Si lo que queremos es motivar el interés ciudadano sobre el tema, lo primero es fomentar la comprensión de lo que está en juego. Hagamos, pues, un primer deslinde en el conjunto de iniciativas. Una gran cantidad de ellas tiene que ver con los procesos de designación, el diseño y funcionamiento del Poder Judicial Federal. Abarcan materias tan diversas como los cambios de adscripción de juzgadores, el combate al nepotismo, la competencia de la Suprema Corte para revisar resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la presentación de iniciativas de ley por parte del Consejo de la Judicatura, paridad de género, el establecimiento de evaluaciones de control de confianza a los aspirantes al ingreso y promoción de la carrera judicial o el desarrollo de un modelo de elección popular de los ministros de la Suprema Corte.
Varias iniciativas buscan reformar la justicia estatal. Entre ellas, destaca la iniciativa que un grupo de senadores de Morena presentó bajo el liderazgo de la entonces senadora Olga Sánchez Cordero, y que busca fortalecer a los poderes judiciales locales mediante la selección de los magistrados por concurso de oposición y fijar en la Constitución una garantía para que los poderes judiciales locales cuenten con un presupuesto no menor al 2% del presupuesto general del estado. También se ha presentado una propuesta de Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, que regularía esta labor a nivel local. Asimismo, existe una iniciativa que pretende establecer como requisitos de elegibilidad para el cargo de presidente de un Tribunal de Justicia local la demostración de experiencia previa en el Poder Judicial y no haber sido miembro del gabinete del gobernador.
También se han presentado varias propuestas para fomentar la justicia digital, como es la iniciativa del senador Ricardo Monreal. Plantea una reforma al artículo 17 de la Constitución federal que sienta las bases del uso de tecnologías de la información en el desarrollo de la labor de impartición de justicia en todas las materias. Por su parte, la Diputada Pilar Ortega lideró una iniciativa de Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que busca promover el uso de nuevas tecnologías en ciertas etapas procesales.
*Laurence Pantin (@lpantin) es coordinadora del programa de Transparencia en la Justicia en México Evalúa y Adriana Aguilar (@adi_aguiarias) es investigadora del mismo. Las autoras agradecen las revisiones de Pablo García.
[1] Es preciso señalar que la modificación de las leyes no es la única vía para mejorar la impartición de justicia De hecho, ésta depende también, y en gran parte, de la voluntad política de los tomadores de decisión en los poderes judiciales, los cuales pueden implementar muchos cambios desde adentro. En cierta medida, estos cambios pueden depender de la disponibilidad presupuestal con la que se cuenta, sobre todo a nivel estatal, donde muchos poderes judiciales han tenido restricciones que les han impedido desarrollarse de manera adecuada. Esta disponibilidad, a su vez, depende de la voluntad de los poderes ejecutivo y legislativo, pues son los que intervienen en la discusión y aprobación presupuestal. El tema de los recursos es tan importante que algunas de las iniciativas de reforma planteadas lo incluyen.
[2] Dado que el Poder Judicial de la Federación no tiene la atribución para presentar iniciativas legislativas, el Ejecutivo aceptó presentar la “Reforma Judicial con y para el Poder Judicial” que propuso el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar.
[3] Algunos de los temas abordados por estas iniciativas son la ampliación o limitación de la prisión preventiva, creación de fiscalías en materia de feminicidios, supuestos de flagrancia o presentación de medios de prueba durante la audiencia inicial en materia de prisión preventiva oficiosa, para mencionar solamente algunas. También se espera que el propio Fiscal General de la República presente sus tan anunciadas propuestas de reforma, después de la salida en falso que dio al respecto a inicio del año. Si bien los senadores parecen querer discutir estas reformas y las que tienen que ver con la “reforma judicial” en un mismo momento, se trata de temas muy distintos y ponerlos todos en la misma canasta puede dificultar su discusión, confundir al público y quizás generar incentivos perversos.
