■ Parece que la propuesta global en la Ley de Ingresos del estado fue precipitada, opina
■ Godezac no hizo una planeación a largo plazo sobre efectos que tendrían los impuestos, por lo que sólo tendría efectos inmediatos para disponer de recursos, señala el académico
La controversia constitucional que interpuso el Gobierno Federal contra la Ley de Ingresos del Estado de Zacatecas, en específico contra el denominado Impuesto Ecológico, es la consecuencia de una política “precipitada” y sin consenso de las mineras, opinó Benjamín Romo Moreno, docente de la Unidad Académica de Economía de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).
“Me parece que la propuesta global en la Ley de Ingresos del estado fue precipitada y no hubo el suficiente tiempo para madurar las propuestas y consensuarlas con los protagonistas de las diferentes actividades que se iban a gravar. Dentro de esa precipitación se cometieron errores técnicos que finalmente despertaron la inquietud y llevaron las cosas hasta la controversia”, indicó.
En un Estado capitalista, explicó que el gobierno tiene la responsabilidad de fomentar la continuidad de los procesos productivos y es por ello que la Federación actúa en este caso en contra del gravamen.
Es decir, el Gobierno Federal actúa sin considerar que hubiese una afectación en los ingresos del estado, los cuales deben estar soportados técnica, legal y políticamente, de tal forma que la Federación pudiera dar visto bueno a ese impuesto.
Aunque es indiscutible que las mineras deben dejar en Zacatecas una mayor proporción de sus utilidades, “desde mi perspectiva, el Gobierno Federal tiene un horizonte más amplio del que tenemos nosotros, contemplan toda la actividad minera en el país por las relaciones que hay con las grandes mineras”, indicó Romo Moreno.
Reiteró que “la posibilidad de respetar decisiones que se tomaron a nivel estatal estaba dada por la solidez de las propuestas, pero me parece que ahí es donde se encuentra el motivo de la controversia constitucional”.
Además, afirmó que Gobierno del Estado no hizo una planeación a largo plazo respecto a los efectos que tendrían los impuestos, por lo que sólo tendría efectos inmediatos para disponer de recursos.
“¿Se justifica la recaudación? Sí, pero no es recomendable resolver el problema generando situaciones más complicadas en el mediano y largo plazo. Me parece que tuvieron que haber sido más cautos, más analíticos y más políticos, pues lo que se vio es que se generó un conflicto y un gobierno que genera conflicto difícilmente puede tener una perspectiva de éxito en sus protestas”, explicó.
En el Gobierno Federal, dijo Romo Moreno, hay un panorama más amplio de los efecto a que tendría el impuesto ecológico no solamente en la minería, sino en otras actividades productivas, por lo que “la visión más general se impuso sobre una visión muy particular, es decir, la visión que se tiene sobre el funcionamiento de la economía del país en relación al funcionamiento de la economía en Zacatecas”.
Cuestionó, por ejemplo, que Gobierno del Estado haya dado marcha atrás con el impuesto a las bebidas alcohólicas, a pesar de que “posiblemente este gravamen, hablando técnicamente en teoría impositiva, si no era mejor de los que quedaron, tampoco era peor”, lo que significa que “se sigue pensando en resolver problemas de una manera improvisada”.
