La impunidad en el país es enorme, y la misma comenzó a medirse con seriedad después de la publicación del Índice Global de Impunidad (IGI) apenas el año pasado. La preocupación no sólo es el caso mismo de impunidad, sino los efectos cíclicos de ésta: la persistencia de impunidad se convierte en móvil de aumento en la criminalidad. En los 59 países donde se midió el IGI, México estaba en los casos más graves. En Zacatecas aún no se aplica dicha medición, pero existen datos para aproximar una idea para diagnosticar el problema, en sus dos áreas de correspondencia: la funcionalidad del sistema de seguridad y la estructura de su sistema de justicia. Es vital observar la evolución de las cifras porque eso ofrece una evaluación objetiva sobre si ha servido o no el Nuevo Sistema de Justicia Procedimental: el sistema adversarial que sustituye al tradicional o inquisitorial. Como el sistema inició en 2009 en forma parcial (y ahora se completa en los 18 distritos judiciales), se debe observar si al implementarse también hubo o no cambios parciales de la realidad que quiere atacar, la impunidad. Veamos.
De acuerdo con la incidencia delictiva en el fuero común, en todo el año 2014 alcanzó los 9 mil 131 delitos y que apenas para los meses de enero a mayo del año 2015 el gran total de delitos es de 6 mil 684, es decir, más de la mitad de los delitos del gran total de todo el año 2014. Por tanto, el aumento de la comisión de delitos es evidente, así mismo, tenemos que para el fuero federal es de mil 459 delitos en todo el año 2014 y para 2015 de los meses de enero a mayo son de 519 delitos, lo cual indica que en el fuero federal la incidencia se mantiene constante, lo que significa que el problema no ha disminuido lo ofrecido, dada la implementación del nuevo sistema. Los datos de la Envipe, dan cuenta de una permanente desconfianza en la autoridad, y como ésta es causa de la impunidad porque provoca la omisión de la denuncia, resulta que la impunidad sigue terca. El hecho de que no se hayan movido los indicadores de resultados con la ejecución parcial del nuevo sistema, hace pensar que su implementación no está dando resultados. Junto a esto es sintomático que en el discurso, se ofrezcan puros datos de insumos (los 506 millones gastados, los cursos y los equipamientos, etcétera) y no resultados de impacto (percepción ciudadana o incidencia delictiva o indicadores de eficiencia judicial). Hubiera sido importante que a esta altura (8 años de iniciado el proceso) se diera una evaluación seria sobre la efectividad del nuevo sistema en el combate a la impunidad.
Por ello, será muy importante que se aplique el IGI en Zacatecas, para observar de forma metódica los avances o no del Sistema de juicios orales en la erradicación del cáncer tenaz de la impunidad o la falta de castigo a los delitos cometidos. Es importante que con la nueva realidad jurídica se resuelva la tardía resolución de delitos, la complejidad del sistema, la violación de derechos humanos, la falta de capacitación a los policías, en suma, la aplicación de la justicia. Pero por lo que vemos, falta tanto por recorrer que sigue pareciendo un sueño.
