■ Desconozco los motivos por los cuales se revela dicho acuerdo en este momento, señala
■ En agosto de 2014 apareció otra misiva; es lo mismo, la Federación pide el CCT, opina
El convenio firmado en 2007 por el ex rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Alfredo Femat Bañuelos, y funcionarios de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en el que se comprometen varios aspectos del Contrato Colectivo de Trabajo, muestra que en toda administración se ocultan documentos, acuerdos o negociaciones entre los rectores y las autoridades.
Así lo afirmó Crecenciano Sánchez Pérez, secretario general del Sindicato de Personal Académico (Spauaz), quien dijo desconocer los motivos por los cuales se revela ese documento en este momento.
“Este convenio nos hace ver que hace tiempo, el Gobierno Federal, a través de la SEP y Hacienda, quieren el Contrato Colectivo, y recordemos que en agosto del año pasado también apareció un documento que no conocíamos y donde a final de cuentas, es lo mismo, el Gobierno Federal pidiendo el contrato”, indicó.
Manifestó que, al no cumplir los lineamientos de ese convenio, el Gobierno Federal pudo haber negado el otorgamiento de recursos posteriormente, y en consecuencia la administración siguiente debió utilizar dinero de la Seguridad Social para pagar la nómina de personal ingresado.
“Con toda la mala intención nos dieron la libertad de disponer de recursos para pagar nómina y ahí está el resultado. Es importante ver la fecha de este convenio y ver cuando se presenta el crecimiento desmedido, de 2008 en adelante, cuando fue el verdadero caos. Un crecimiento terrible y agarraron el dinero de la Seguridad Social”.
Sánchez Pérez señaló que el documento emitido por la Dirección General de Educación Superior Universitaria (Dgesu), que se dio a conocer en septiembre del año pasado, es muy similar al documento firmado en 2007.
Al iniciar el año, comentó, esperaba que la administración central informara al Spauaz las correcciones que iban a implementar en el salario y prestaciones de los funcionarios y darle viabilidad a la UAZ, pero ello no ha ocurrido.
Por el contrario, con frecuencia se observa a funcionarios universitarios acudir a la Ciudad de México sin que se informe algún logro obtenido y sin que se conozcan las peticiones que les ha hecho la Federación.
Es por ello que “espero que no se guarden tanto tiempo los documentos que firmen con el Gobierno Federal, porque no los afecta a ellos, afecta a 3 mil docentes, 600 jubilados, 2 mil trabajadores administrativos y a la institución”.
En ese sentido, Sánchez Pérez aseguró que en toda administración se ha ocultado información a la comunidad universitaria, desde Francisco Sandoval en cuya época se llevó a cabo el proceso de ingreso al ISSSTE, sin conocer a cambio de qué, hasta la actualidad con Armando Silva, quien podría firmar un convenio similar, pues a él no le afecta en nada.
