El artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) prescribe: “El Supremo Poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial” y un texto similar está contenido en la constitución particular de Zacatecas. Junto con la doctrina de la soberanía popular, de los derechos del hombre y del régimen representativo, la separación de poderes constituye parte de la estructura de nuestra república, y su propósito es poner limites a fin de impedir todo abuso de poder, y como consecuencia, garantizar la libertad plena de los individuos que habitan en el territorio estatal. La vigencia de los derechos humanos y la división o separación de Poderes para cumplir las tareas legislativas, ejecutivas y judiciales, son los dos supuestos jurídicos básicos en que se fundamenta el orden jurídico nacional y estatal. La condición de separación de Poderes, para que estos se controlen mutuamente, constituye un supuesto fundamental para garantizar el sano funcionamiento de nuestra República. Así pues, para estos efectos, división o separación implica que los tres Poderes se depositan en órganos distintos, interdependientes, cuya actuación conjunta dentro del órden jurídico implica el sano ejercicio de sus atribuciones por parte de quienes tienen en sus manos las riendas del poder del Estado.
Sin embargo, en nuestro país, no hemos conocido una época duradera en la que haya resplandecido ese principio fundamental, y por ello el funcionamiento del Estado mexicano está lleno de vicios que socaban el bienestar general. Uno de esos vicios, probablemente el más dañino, es la corrupción, que se ha convertido en causa y efecto de un círculo vicioso que anula las virtudes de la separación de poderes. Esa realidad está a la vista en estos momentos en nuestra entidad, con motivo de la publicación de los hechos denominados “Estafa Legislativa” y la aprobación reciente de las llamadas “Herramientas legislativas”, mediante las cuales legisladores de todos los partidos han obtenido ingresos personales por fuera de la legalidad vigente y del principio de separación de poderes. Esa conducta, que hoy raya en el cinismo, socaba la legitimidad y fortaleza del Poder Legislativo y lo inhabilita para ejercer una de sus funciones principales, la de vigilar el ejercicio del gasto por parte del Poder encargado de esa función: el Poder Ejecutivo. Lo que vemos en Zacatecas es la actuación corrupta de uno de los Poderes y, con ello, la atrofia de la arquitectura republicana.
La impunidad de los actores involucrados en las conductas referidas, también es causa y efecto de otros hechos ilegales protagonizados por el sistema estatal anti corrupción, cuya inacción retroalimenta la impunidad y el cinismo de los actores directos y beneficiarios de los hechos delictivos a que nos referimos. Los legisladores saben que es un delito recurrir a empresas ‘fantasma’ para encubrir ingresos ilegales e ilegítimos, y que el ejercicio directo del presupuesto (las herramientas) no está dentro de sus funciones, pero también saben que gozan de impunidad y que ni el Poder Ejecutivo vetará esas partidas presupuestales, ni los organismos como la Auditoría Superior asumirán la defensa del interés público y de la legalidad vigente. Así pues, el efecto es que se acelera y profundiza el círculo vicioso de la corrupción-impunidad-corrupción…, con una población que observa desencantada esa dinámica.
Nuestra circunstancia en este fin de año se ha vuelto aún más lamentable por las dudas expresadas por integrantes del Poder Judicial del estado, ante la decisión que deben tomar para defender el Estado de Derecho, aún en el caso de que su proyecto de presupuesto para el 2022 no fue presentado al Poder Legislativo dentro del paquete económico, sino uno disminuido, de manera que el resultado fue una asignación menor a la ejercida en el año que corre; aunque es evidente para todos que proporcionar una justicia pronta y expedita a los habitantes de esta entidad sigue siendo una asignatura pendiente, hasta hoy, todo indica que el Poder Judicial local renunciará a ejercer su derecho de recurrir al Poder Judicial Federal para defender su derecho a que la Legislatura conociera y resolviera sobre su proyecto de presupuesto anual, lo que significaría que uno de los Poderes del estado renunciaría a ejercer su poder de controlar y poner limites al poder ejecutivo estatal. De manera que los ciudadanos podemos y debemos hacernos las siguientes preguntas: ¿Si el Poder Judicial no actúa ni en defensa propia, será capaz de defender a las personas individuales cuando sufran de abuso de poder? ¿Los tres Poderes han renunciado a conducirse dentro del Estado de Derecho?
