Con 25 votos a favor y cero en contra, el Congreso del Estado aprobó una iniciativa de punto de acuerdo para que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) y la Secretaría de las Mujeres (Semujer) informen sobre el avance de las investigaciones respecto a las denuncias presentadas por violación de derechos humanos a las zacatecanas que participaron en la marcha del 8 de marzo.
El diputado Xerardo Ramírez leyó la iniciativa en la que expuso que la conmemoración del Día Internacional de la Mujer llevada a cabo el pasado 8 de marzo en Zacatecas se convirtió en “un verdadero acto de violencia y represión en contra de las mujeres que, de manera legal, libre y espontanea salieron a las calles a exigir mejores condiciones de vida, seguridad, respeto y dignificación a sus diversas labores tanto en el ámbito familiar, académico, profesional y laboral”.
Refirió que la violencia perpetrada en contra de mujeres y niñas en esa fecha se ha convertido en un referente nacional que pasará a la historia como uno de los eventos “más vergonzosos y detestables que hayan ocurrido en la época actual de nuestro estado”, ya que, tales actos no solo hacen recordar episodios violentos como el de 1968, o el caso de Ayotzinapa, sino que este actuar del gobierno hace recordar los sucesos que dieron origen a la lucha de las mujeres que se produjo el 25 de marzo de 1911, cuando al menos unas 149 mujeres murieron en el incendio de la fábrica textil solo por reclamar respeto a sus derechos laborales convirtiéndose en un hecho de violación a derechos humanos más recordado de la historia moderna.
Ramírez indicó que lo vivido en el pasado 8 de marzo es una clara muestra de que no se ha entendido cual debe ser la labor del gobierno y sus instituciones en el tema del respeto, protección y garantía a los derechos sociales, políticos y humanos de las mujeres en el estado; puesto que, según la información recabada por diversos medios de información, así como indicios y testimonios en diversas redes sociales, se constató que al menos 18 mujeres entre las cuales había menores de edad fueron golpeadas y detenidas de manera arbitraria e ilegal por elementos de policía pertenecientes a diversas corporaciones tanto de policía municipal, estatal y de seguridad vial, al finalizar la marcha del 8M.
Además, de acuerdo con testimonios publicados en videos de redes sociales y diversos medios de comunicación local y nacional, dijo que quedo claro que hubo un exceso en el uso de la fuerza por parte de las autoridades, que sin medir consecuencia alguna agredieron, amenazaron y privaron de la libertad de manera ilegal a estas mujeres.
Por tanto, Ramírez manifestó que “no podemos dejar de lado que actos como este queden impunes y pasen al olvido histórico, se requiere que los responsables tanto materiales como intelectuales asuman las consecuencias de sus actos y si resultan con algún tipo de responsabilidad tanto administrativa como penal sean sancionados como marca la ley”.
