Jubilados y pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac) realizaron un plantón en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación para exigir se cumplimente el dictamen de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el que se invalidó parcialmente la reforma a la ley de ese organismo.
En el resolutivo emitido en enero pasado, la Suprema Corte calificó como inconstitucional la decisión del Issstezac de no pagar el aguinaldo para pensionados y jubilados, pero el instituto no ha cumplido con ello.
Jorge Eduardo Dávila, integrante del Movimiento de Bases en Defensa del Issstezac, comentó que en todos los juicios que han promovido los derechohabientes han dado la razón a los pensionados y jubilados.
Con el resolutivo de la Suprema Corte, se sobreentendía que el proceso de cumplimiento se iba a acelerar, pero hasta ahora “nos ponen pretextos muy inverosímiles” de parte de las autoridades.
Mencionó que la recomendación de los abogados era esperar que ese dictamen fuera publicado en el Diario Oficial de la Federación, pero eso ya ocurrió y a pesar de ello no hay resultados.
En consecuencia, Dávila dijo que “venimos a exigirle a los magistrados que se dé la indicación a todos los jueves para que se den las sentencias en firme, en paquete, de tal manera de que no sea necesario judicializar las pensiones y restablecer el derecho que tienen los activos a una jubilación digna”.
Asimismo, destacó la labor de los jueves al emitir resolutivos en favor de todos los pensionados, al grado de que ningún abogado que represente a algún derechohabiente ha perdido un solo caso, lo significa que hay respeto a la ley.
Consideró que el proceso ha sido lento, pero indicó que el Movimiento de Bases ha privilegiado el diálogo y la manifestación pacífica, además de que ha sido respetuoso del proceso jurídico.
Dávila manifestó que la reforma a la ley del Issstezac afectó a los más de 7 mil pensionados y jubilados, pero el Movimiento de Bases ha luchado por los derechos de todos y por ello mantienen la exigencia de que se construya una nueva ley en el que todos los actores sean contemplados.
