Ante la desigualdad social que impera en la entidad y en el contexto de casi 19 mil delitos en lo que va del año y mil 392 personas desaparecidas, el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 plantea el objetivo de promover, respetar, proteger y coadyuvar a garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos, mediante una política transversal con principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, que garantice acciones para prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos
Gobierno del Estado, a través del Plan Estatal de Desarrollo, expone que adoptar el enfoque de derechos humanos como un eje transversal implica la generación de acciones para la formación y educación, la promoción de acciones para su reconocimiento y reivindicación, la adopción de medidas para salvaguardar a las personas vulnerables, la abstención de interferir en su goce y la implementación de medidas progresivas para afrontar los obstáculos que lo impidan.
“En sentido contrario, elementos como la desigualdad social, el entorno de violencia (con énfasis especial en lo que se refiere a las mujeres, niñas, niños y adolescentes), el escaso desarrollo económico, la falta de empleo, las vulnerabilidades de grupos poblaciones específicos como los adultos mayores, los jóvenes, los niños, niñas y adolescentes, y la comunidad con diversidad sexual, suponen el incumplimiento de la garantía de un Estado de Derecho y por lo tanto, la de los derechos humanos”.
De acuerdo con el documento rector para la actual administración gubernamental, la sociedad demanda el cese de la crisis de inseguridad, violencia y criminalidad, la cual se evidencia en las cifras de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: 18 mil 801 delitos del fuero común, destacando mil 89 homicidios; 8 mil 99 delitos contra el patrimonio familiar, 3 mil 255 delitos contra la familia y 10 feminicidios, tan sólo en 2021.
Asimismo, el Plan Estatal de Desarrollo expone que la desaparición forzada, crimen de lesa humanidad, se ha agravado, porque actualmente existen mil 392 personas desaparecidas, lo cual vulnera la estabilidad y el derecho a la vida en paz y el acceso a la justicia plena de sus familias. Tan sólo de 2015 a agosto de 2021 y de acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, se han localizado 337 fosas clandestinas con numerosos restos óseos, la mayor parte sin ser identificados.
En materia de derechos humanos, entonces, el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027 tiene el objetivo de “promover, respetar, proteger y coadyuvar a garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos, mediante una política transversal con principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, que garantice acciones para prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos”.
Para tal efecto, se elaboraron estrategias en las que señala que, para garantizar la Nueva Gobernanza será fundamental consolidar la institucionalización del enfoque de Derechos Humanos, para que la gestión pública se articule en torno a la persona como eje central y que, con impacto en todas las políticas, programas y proyectos de gobierno, abone al efectivo goce de los derechos humanos.
Para tal efecto, se pretende coadyuvar en la integración e implementación del Programa Estatal de Derechos Humanos 2022-2027 bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, que diagnostique e identifique riesgos y amenazas al goce de los derechos humanos e incluya medidas para su neutralización.
También busca impulsar el desarrollo integral y sustentable del estado, a través de la regulación y promoción de las actividades económicas, sociales, políticas, culturales, a la protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos naturales, con orientación a la promoción y a la protección de los derechos humanos.
Otra estrategia consiste en promover la armonización legislativa que fortalezca la atención de los derechos humanos de los grupos de diversidad sexual, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, migrantes y pueblos indígenas, desarrollando redes de gobernanza y participación ciudadana.
Además, hay la intención de “institucionalizar el enfoque de derechos humanos desde la planeación hasta la evaluación de la política pública, robusteciendo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, para garantizar la inclusión y la no discriminación”.
Por otra parte, busca fortalecer la coordinación entre poderes del Estado, municipios y la Federación, así como la cooperación con instituciones internacionales, civiles, académicas, sociales y privadas, para la atención de los derechos humanos.
Asimismo, plantea impulsar mecanismos para el fortalecimiento del sistema de justicia con enfoque de derechos humanos, con énfasis en la justicia transicional y reparación integral del daño y desarrollar las políticas y programas de atención a las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos, que garanticen el derecho a la justicia, a la verdad, a la protección y reparación del daño.
Otro objetivo es promover la formación de la cultura de los derechos humanos en los planteles educativos y las instituciones públicas, así como la inserción profesional de adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, personas con diversidad sexual y personas adultas mayores.
En ese sentido, el Plan Estatal de Desarrollo 2020-2022 pretende garantizar la accesibilidad de los servicios básicos de salud a las personas en situación de vulnerabilidad, con enfoque en la prevención de enfermedades y discapacidades, con apoyo diferenciado a las personas adultas mayores, con discapacidad, pertenecientes a la comunidad LGBTTTIQ, migrantes, mujeres y niñas, niños y adolescentes.
Por último, plantea una mayor coordinación entre los poderes del Estado para la aplicación de la amnistía y el indulto, como instrumentos de clemencia en la población presa cuyos delitos no sean graves, así como para la debida ponderación del principio de proporcionalidad ante la prisión preventiva, que garantice el respeto a la presunción de inocencia, la libertad personal, el derecho a la defensa y la seguridad jurídica.
