Después de que se conociera el informe de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Gobernación sobre las nuevas líneas de investigación en torno a los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que el caso no se va a cerrar “hasta que no se encuentre la verdad, se haga justicia y encontremos dónde están los jóvenes. Eso es nuestro compromiso con madres y padres de familia y con el pueblo de México”.
Al ahondar en torno a las nuevas líneas de investigación, afirmó que “nada está descartado”. Resaltó, entre otras novedades, la nueva revisión de las llamadas telefónicas de personas que están detenidas por su participación en los hechos y que esa noche se comunicaron con una funeraria y con un médico o nutriólogo. Por ello, está detenida toda la familia propietaria de la funeraria, que además controlaba el Servicio Médico Forense, “y siguen las investigaciones de quién dio esas autorizaciones de funerarias y un Forense que actuaban con completa irregularidad, absoluta irregularidad”.
Sheinbaum recordó que, a partir de las nuevas orientaciones que se dieron en esta administración, se tomó la decisión “de no seguir por las mismas vías. Cuáles eran esas vías: principalmente los testigos. Muchos de ellos, delincuentes. Esas eran las principales líneas de investigación que se seguían”.
Con el nuevo fiscal, Mauricio Pazarán, se innovaron mecanismos de investigación que él ya había desarrollado a su paso por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, además de que cuenta con todo el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia.
Sheinbaum declaró que en su gestión se han redoblado esfuerzos para concretar la extradición del ex titular de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón, quien se encuentra en Israel. Recordó que ya envió una carta al presidente de Israel, Isaac Herzog, particularmente porque no hay un acuerdo bilateral de extradición con ese país.
Además, tras señalar que otro importante elemento nuevo en las investigaciones es el teléfono celular de uno de los jóvenes desaparecidos, ubicado en un juzgado, confirmó que efectivamente algunos de los jóvenes fueron trasladados a ese lugar. Desde ese aparato se realizaron llamadas, lo que refuerza las presuntas responsabilidades del juez José Ulises Bernabé, quien ahora reside en Estados Unidos y cuya extradición ha solicitado México.
Sheinbaum también habló de las responsabilidades políticas, como la detención en su momento de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, Lambertina Galeana, quien mandó desaparecer videos de las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala que demostraban que los normalistas habían estado en el juzgado. O, más recientemente, a Ángel N. (el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero), quien ordenó desaparecer pruebas y, en su momento, la aprehensión de Jesús Murillo Karam por haber construido una verdad histórica.
“Seguimos trabajando diario. Quisiéramos avanzar más rápido y entendemos, además, a los familiares en su dolor, y además la herida abierta para todo México. Pero a veces, estos procesos requieren sus tiempos. Ya no es nada más los testigos, sino muchos otros elementos de prueba que llevan estas líneas de investigación”, afirmó.
