Semejante al Hércules que limpió por encargo los establos del rey Augías, el pueblo de México requerirá del agua de los mares para acabar con el hedor arraigado en los estados de la República.
La descomposición es evidente. El gobernador de Veracruz, Javier Duarte, ha solicitado licencia al Congreso del estado para separarse del cargo. Pretende, según su propia opinión, “limpiar su nombre y el de su familia” toda vez que ha sido acusado de saquear las finanzas y de robarse nada menos que 35 mil millones de pesos, un categórico e incontestable quebranto “sugerido” por la Auditoría Superior de la Federación.
Duarte, ha dicho además que la licencia (aprobada ya por el Congreso) “no es para huir, sino para dar la cara y esclarecer los casos en que se le ha involucrado”; rechaza tener algún tipo de vinculación con empresas fantasma y asegura no tener responsabilidad sobre las desapariciones forzosas, los asesinatos y las fosas comunes que se cuentan por cientos en ese estado.
Tras la licencia, el Congreso veracruzano decidió que el cargo recayera en el interino Flavino Ríos Alvarado, abogado que fuera secretario de Gobierno con Duarte, es decir, un priista del mismo establo. Por si fuera poco y en lo que parece ser un duelo de sinvergüenzas, el 1 de diciembre otro infecto enriquecido al amparo del poder –Miguel Ángel Yunes, ex priista– ocupará la gubernatura de Veracruz gracias a la derechosa coalición PAN – PRD.
Más abajo, en el estado sureño de Morelos, el gobernador perredista Graco Ramírez enfrenta serias demandas de juicio político, entre otras causas, por su responsabilidad en la represión a los movimientos sociales, los cientos de feminicidios y la explotación sexual de menores en el estado a su cargo.
Después de haberse emitido la Alerta de Violencia de Género (AVG) para 8 municipios de la entidad, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C (CIDHM) hizo público un informe con el que reprocha
al gobierno de Graco que los objetivos de la AVG no se han cumplido. La condena refiere a que el derecho a la justicia pronta, expedita e imparcial, la prestación de servicios jurídicos, médicos y psicológicos gratuitos para las víctimas así como el reconocimiento del Estado mexicano sobre su responsabilidad con los daños causados y su obligación de repararlos, no se han llevado a cabo. Todo lo contrario, los feminicidios continúan y suman ya más de 86 desde que se decretó la Alerta.
Otro Duarte –el de Chihuahua– ha reconocido pública y cínicamente, que todos los gobiernos, incluido el de él, son corruptos, una confesión de parte que se ajusta a declaración del presidente Peña durante la inauguración de la Semana Nacional de la Transparencia 2016: del “En corrupción, nadie puede lanzar la primera piedra”
El asunto es que, al término de su mandato, el ex gobernador norteño César Duarte, posee más de 37 propiedades localizadas en Parral, Balleza y Cd. Juárez. Tiene acciones en el Banco Progreso Chihuahua, en sociedades de crédito, bolsas de cambio, empresas, industriales… además de 15 cuentas bancarias.
Siendo gobernador, Duarte contrató como Secretario de Hacienda estatal, a Jaime Ramón Herrera Corral, un estratega financiero que había sido director de “Unión de Crédito Progreso”, que es una de las entidades financieras que junto con una casa de cambio, se fusionarían para dar origen al Banco Unión Progreso del que el ex gobernador es accionista “preponderante”.
Pero Herrera Corral –que llegó a ser a la vez representante legal de Unión de Crédito Progreso y Secretario de Hacienda estatal– entre julio de 2012 y octubre de 2014, no tuvo empacho en realizar desde Secretaría de Hacienda a su cargo, 342 depósitos a la Unión de Crédito Progreso:
Más de 80 mil millones de pesos del Gobierno de Chihuahua fueron “resguardados” en este consorcio financiero del que Herrera (lo mismo que Duarte) era socio siendo funcionario público. Se sabe que en un solo día (2 de diciembre del 2013) el gobierno de Chihuahua depositó a este banco la cantidad de mil 208 millones de pesos.
Hoy César Duarte tiene interpuesta una demanda por peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y uso indebido de atribuciones y facultades… además de una orden de embargo…
En fin, queda pendiente por comentar las correrías del exgobernador Guillermo Padrés de Sonora buscado hoy por la Interpol; de Rodrigo Medina y Miguel Alonso en Nuevo León y Zacatecas respectivamente; de Roberto Borge en Quintana Roo…etc., es decir una larga lista de atrocidades provenientes de “los establos del poder”
Rebasados por los acontecimientos, los voceros del poder dirán que lo que se ventila en los estados es parte de “una campaña peñista” contra la corrupción…: “De la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción que se ha propuesto como agenda el Comité Ejecutivo Nacional del PRI… “ (Ja) ■
