Ciudad de México. El dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, consideró que la decisión de que sea obligatorio para los empresarios presentar sus declaraciones de conflicto de intereses, patrimoniales y fiscal, no está basada en ninguna reflexión seria ni en experiencias internacionales.
Según el panista, lo que se busca con esta medida es que se activen amparos en contra de la ley de responsabilidades administrativas, para así frenar el ímpetu de la exigencia ciudadana hacia la clase política.
El artículo 32 de la citada legislación, pretende en el fondo, convertir las declaraciones, no en una obligación de la clase política, sino en un nuevo trámite para becarios, pensionados hay todo tipo de beneficiarios de programas sociales.
Anaya consideró que tal como está redactada, la ley sería aplicable a 35 millones de personas, como podrían ser los beneficiarios de Prospera y Proagro, los pensionados del IMSS, ISSSTE y Pemex y los becarios del Conacyt entre otros grupos que reciben apoyo de instituciones públicas.
El presidente del blanquiazul agregó que con las modificaciones de última hora que se le hicieron a la ley, se desvirtúa el propósito del Sistema Nacional Anticorrupción y se hace un enorme daño al país.
