■ Se llevan a cabo las investigaciones; únicamente dos fueron desechadas por falta de pruebas
■ Compra y coacción de votos, así como robo de propaganda, los ilícitos más comunes
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), dependiente de la Procuraduría estatal, recibió a lo largo del pasado proceso electoral en que se eligió gobernador, diputados y acaldes 33 denuncias de diversos partidos políticos por presuntos delitos comiciales como compra y coacción del voto, daño y robo de propaganda electoral, entre otros.
Rosalinda Álvarez Mercado, fiscal de la Fepade informó ayer en entrevista que de las 33 denuncias, dos fueron concluidas porque se determinó “abstención de investigación” puesto que el hecho denunciado no se acreditó como delito.
El resto de los casos siguen con carpetas abiertas de investigación y no hay un plazo límite para resolverlos, dijo la fiscal, porque cada denuncia tiene diferentes fechas a cumplir dependiendo de la complejidad del asunto “pero ya intentamos terminarlas a la mayor brevedad posible”.
Entre los institutos políticos que presentaron quejas están el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), la coalición Partido de la Revolución Democrática (PRD)-Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI). De las quejas, tres corresponden al mismo número de distritos.
Rosalinda Álvarez señaló que de comprobarse los delitos por los cuales se presentaron las denuncias, todos son sancionables con la pena de prisión, a excepción de si lo hace un ministro de culto. Aunque en el caso de los presentados en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, todos podrían ser acreedores a penas privativas de la libertad.
Sin embargo, en ninguno de los casos hay conclusiones y eso se hará hasta que se lleve ante un juez y dicte una sentencia. Tampoco se está en condiciones de girar órdenes de aprehensión en contra de alguien en este momento.
Respecto de las dos denuncias que ya se desecharon, la fiscal electoral detalló que una de ellas se trató por colocar propaganda electoral en un edificio público y se aludía que fue sin permiso, pero a investigación arrojó que sí existía y por tanto no había delito qué perseguir. La otra queja fue similar.
