■ Gobernador anuncia que a partir de este martes se reunirá con empresarios mineros
■ Ejecutivo insiste que el nuevo gravamen no afecta a trabajadores en el reparto de utilidades
El gobernador Alejandro Tello Cristerna aseguró que a la fecha hay algunas empresas mineras que se han amparado en contra del Impuesto Ecológico, pero agregó que en otros casos se han realizado ya pagos de este gravamen.
En una entrevista otorgada a los medios de comunicación durante su gira en el municipio de Fresnillo, el mandatario estatal señaló que hasta el pasado viernes se habían recaudado cerca de 9 millones de pesos por este concepto.
Tello Cristerna fue cuestionado sobre este tema después de que nuevamente en el evento que llevó a cabo en El Mineral se presentó un grupo de mineros adheridos al sindicato encabezado por Carlos Pavón, para protestar en contra del impuesto.
Ante esto, y por los amparos ya interpuestos, apuntó que “a final de cuentas cada una (cada empresa) está siguiendo su estrategia legal, siempre en el ámbito del diálogo y la legalidad. Éstos son colitas que todavía hay ahí de malestar de un sindicato”.
En cuanto a la protesta, Tello Cristerna indicó que son manifestaciones legítimas, pero hizo referencia a las pancartas que criticaban el pago del impuesto con la frase “para que se lo roben”.
Al respecto, sostuvo que “si uno de ellos me demuestra un peso que yo me haya robado, me daré totalmente por aludido, pero no podemos generalizar. Yo no digo que la política o las autoridades en este país sean honestas; pero su servidor es honesto y por eso les puedo dar la cara”.
Asimismo, anunció que a partir de este martes iniciará una serie de encuentros en los que se reunirá con cada una de las compañías extractivas para tratar de alcanzar acuerdos en este tema. En estas juntas individuales, señaló que “vamos a hacer las cifras o los supuestos de cada uno de ellos; traen cifras estratosféricas que no van ahí”.
Confió en que “haya voluntad” de pago, ya después de haber socializado a los datos sobre la cantidad de recursos que tendría que pagarse por concepto del Impuesto Ecológico.
Con relación a las condiciones de la unidad minera Francisco I. Madero de Grupo Peñoles, que es el complejo que ha amenazado con su cierre, el gobernador expuso que esta mina “se maneja, a lo que se me dice, con poca utilidad, no es una mina de oro y plata, ahí se obtienen otro tipo de minerales”.
Por ello, dijo que desde hace “mucho tiempo” se habla de estas condiciones, aun sin haber pagado algún recurso del Impuesto Ecológico. Debido a esto advirtió que “entonces no va por ahí; es una medida de presión pero es legítima. En estos momentos creo que todo se vale”.
En este sentido, Tello Cristerna insistió en asegurar que este nuevo gravamen no afecta a los trabajadores en el reparto de utilidades y recalcó que es un recurso mínimo a comparación de la riqueza que tienen las empresas mineras.
Recordó que, por ejemplo, en el semidesierto hay más de 460 denuncios mineros próximos a iniciar con sus explotaciones, trayendo así empleos y derrama económica, por lo que apuntó que “mal haría yo rompiendo es el ciclo”.
Hizo un llamado a las empresas a que “sean socialmente responsables con Zacatecas y realmente nos ayuden a salir adelante”.
Se le preguntó sobre las consecuencias de que los amparos interpuestos sean resueltos a favor de las empresas y, en ese tenor, apuntó que se tendría que “adaptar” el presupuesto de egresos porque serían mil millones de pesos “que no recaudaría” el Estado.
Por ello, expuso que “prefiero dar la lucha a simplemente quedarme en buenas intenciones y decirles a todos ustedes: no hay en la impartición de justicia, no hay en educación, no hay en salud; más vale hacer el esfuerzo”.
Anuncia Asociación de Ingenieros en Minas que interpuso amparo contra nuevo gravamen
El presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), Marco Antonio Bernal Portillo, informó que ya interpusieron un amparo en contra del Impuesto Ecológico en el juzgado segundo de distrito.
En conferencia de prensa expuso que, si el objetivo del nuevo gravamen es la remediación ambiental, la industria minera ya está suficientemente regulada en esta materia a nivel nacional.
En este sentido, insistió ante los cuestionamientos que las empresas no se niegan a ser revisados acerca de las condiciones de seguridad ambiental bajo las que operan las compañías extractivas, sino que apuntó que el estado no tiene por qué involucrarse en esos procesos cuando ya existe legislación federal.
En el caso de la vertiente recaudatoria, aunque también aunada al destino de los recursos para proyectos medioambientales, sostuvo que las empresas mineras ya pagan de sus utilidades los recursos que se destinan al fondo minero y añadió que en Zacatecas todavía no se han terminado de aplicar los recursos que por este concepto se obtuvieron en 2014.
La asociación, que tiene cerca de mil integrantes en Zacatecas, dio esta postura y anunció el amparo que se ha interpuesto con el objetivo, puntualizó su presidente, de “coadyuvar” y dar su respaldo a los socios de la AIMMGM que trabajan para las empresas mineras de la entidad y al sindicato minero, refiriéndose al liderado por Carlos Pavón y que ha protagonizado las protestas en las últimas semanas.
Asimismo, Bernal Portillo señaló que “el problema de Zacatecas no son las minas, sino la deficiente aplicación de los recursos”, que deberían enfocarse a obtener un verdadero desarrollo.
Dijo que es errónea la postura del gobernador Alejandro Tello Cristerna en el sentido de mantener la vigencia de este nuevo gravamen y advirtió que, más que una decisión para favorecer el cuidado del medio ambiente, es una “posición recaudatoria. El Estado requiere recursos pero no es la forma. La única forma que deben tener las autoridades estatales para recaudar es tener finanzas públicas sanas, atraer la inversión y no ahuyentarla, y crear empleos bien remunerados”.
En su mensaje, Bernal Portillo indicó que la minería genera en la entidad entre 12 mil y 14 mil empleos directos y, sumando los indirectos, el número de puestos de trabajo que dependen de este sector podría alcanzar hasta los 60 mil.
Consideró que con el pago del impuesto minero estas fuentes de empleo estarían en riesgo. Aunque reconoció que no tienen un diagnóstico de las consecuencias de este gravamen, se aventuró a calificar el impacto del impuesto como “catastrófico”.
En este sentido, el presidente de la AIMMGM opinó que las compañías mineras no están en condiciones económicas de hacer frente a una nueva carga impositiva.
Sostuvo esta postura, pese a que de acuerdo al Anuario Estadístico de Minería 2015 el total del recurso del Impuesto Ecológico que pretende recaudar el Gobierno estatal de todas las empresas contaminantes, no sólo de la industria extractiva, representan tan sólo 1.7 por ciento del valor total de la producción minera en Zacatecas durante ese año.
A pesar de haber interpuesto un amparo para echar abajo el Impuesto Ecológico y de asumir la postura de luchar por la eliminación de este gravamen, el presidente de la asociación dijo estar abierto al diálogo con el mandatario estatal.
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