El pasado 28 de abril el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, envió a la Cámara de Diputados una Iniciativa de Reforma Electoral por la que se reforman, derogan y adicionan 18 artículos de la Constitución, la cual tiene por objeto adecuar el sistema electoral a las transformaciones políticas que ha vivido México en los últimos años. Al revisar la iniciativa podemos destacar lo siguiente:
La creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), el cual sustituye al Instituto Nacional Electoral (INE); la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (en Zacatecas IEEZ) y de los Tribunales Electorales Locales (en Zacatecas TRIJEZ), por considerar que realizan duplicidad de funciones con las autoridades administrativas y jurisdiccionales federales, sus resoluciones, finalmente son impugnadas y resueltas ante las instancias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); sin embargo, estos órganos representan una alto costo y una burocracia innecesaria en los estados. En 2021 el gasto del IEEZ ascendió a los 255.5 millones de pesos. El INEC será la única autoridad administrativa electoral del país, responsable de la organización, desarrollo y cómputo de las elecciones federales, estatales y municipales; mientras el TEPJF absorbe las controversias electorales locales del país.
Se propone que la elección de los Consejeros del INEC y magistrados del TEPJF sea mediante el voto popular, siendo los candidatos propuestos por los tres Poderes de la Unión. Lo anterior, para garantizar la imparcialidad de los consejeros y magistrados, para que éstos se mantengan fuera de la lucha por el poder y sean realmente independientes del poder político y de los intereses de grupos económicos y de las cuotas partidistas; garantizando con ello, los principios -hoy perdidos- de objetividad, certeza, independencia e imparcialidad electoral.
Se propone eliminar las diputaciones plurinominales y reducir el número de legisladores federales y locales, quedando 300 diputaciones federales y 96 senadurías; las listas de candidaturas de representación proporcional se dieron en aras que los partidos chicos tuvieran presencia, voz y voto en los congresos y ayuntamientos, con representantes con capacidad de debate, que contribuyan a legislar sobre la solución los grandes problemas de la población; sin embargo, al paso de los años estos espacios en lo general han sido ocupados por la burocracia de los partidos o sus familiares, amigos e incondicionales, que al no realizar campañas y desconocer la problemática de sus territorios, su trabajo legislativo se limita a obedecer la línea partidista y no a las necesidades más sentidas de la ciudadanía.
Con la reforma electoral que se propone la elección de todas y todos los legisladores mediante el sistema de representación pura a través del sistema de listas por entidad federativa. La aplicación de este método daría como resultado la representación plural más amplia existente en la historia del país. La elección por listas obligaría a las personas candidatas a hacer campaña territorial, contrario a lo que ocurre con las actuales cinco listas de las circunscripciones plurinominales.
La propuesta contempla la eliminación de las 200 diputaciones plurinominales, de las 32 senadurías de listas y un número considerable de diputaciones locales y de regidurías; se eliminan los distritos locales y federales y las circunscripciones; ahora las 300 diputaciones federales y las 96 senadurías y las correspondientes diputaciones locales y regidurías se elegirán a través de listas que presentarán los partidos políticos y las candidaturas independientes, previas precampañas, y el orden en la lista será en función de la aceptación ciudadana obtenida en las campañas internas de cada partido, respetando en las mismas la paridad de género. Las diputaciones federales y estatales, senadurías y regidurías se asignarán de acuerdo a la votación obtenida por cada partido.
El número de diputaciones federales de cada entidad se obtiene al dividir el número total de personas mexicanas conforme al último censo general de población, entre el número total de diputaciones (300); el resultado de esta operación será el cociente de distribución, base para asignar el número de diputaciones que corresponderá a cada entidad federativa del total de 300. Al estado de Zacatecas con una población de 1,622,138 corresponderían cuatro diputaciones federales en total. Toda entidad federativa debe contar con al menos dos diputaciones, por lo que, de no alcanzar este número, se tendrá la prelación en el reparto de remanentes hasta obtenerlo. El Senado de la República se integrará por 96 senadurías, tres por cada entidad federativa elegidas también por lista, mediante cociente natural y resto mayor.
Para el caso de las legislaturas de los estados, el número de diputaciones no podrá exceder de 15 en aquellas entidades federativas cuya población sea menor a 1 millón de personas, y por cada 500,000 habitantes adicionales, podrá incrementarse en un diputado hasta un máximo de 45 diputadas y diputados. En Zacatecas el número de diputaciones sería de 16 y no de 30 como está actualmente.
La integración de los Ayuntamientos municipales se conforma con una presidencia, una sindicatura y un número variable de regidurías de acuerdo al tamaño de población, una regiduría para los municipios con hasta 60,000 habitantes, hasta tres regidurías con población de 60, 000 a 370,000 habitantes; hasta cinco regidurías con más de 370,000 a 690,000 habitantes, hasta siete regidurías con más de 690,000 a 1,010,000 habitantes; bajo esta base, los municipios de Zacatecas tendrían de 1 a 3 regidurías.
La población rechaza el alto costo que el Estado mexicano destina cada año a los partidos políticos para sus actividades ordinarias, aproximadamente 11,000 millones de pesos anuales (plantilla laboral y bienes muebles e inmuebles), es decir, a la manutención de obesos aparatos burocráticos y al gasto suntuoso de los líderes partidistas. Por esta razón la iniciativa de reforma electoral propone eliminar el financiamiento público a los partidos políticos respecto de sus actividades ordinarias y plantea que se cubran dichos gastos mediante el financiamiento de sus simpatizantes y militantes. El financiamiento público se mantendría solamente para el gasto de campañas durante la contienda electoral.
Al aprobarse la presente iniciativa, México contará con un sistema electoral que otorgue a la ciudadanía la representatividad y pluralidad de su espectro político de manera fehaciente, garantizando una mayor equidad, equilibrio de poder, certeza en los procesos electorales, autenticidad de las elecciones y ejercicios de democracia directa; austeridad y eficiencia en el gasto público, así como la aplicación de los principios rectores de la función electoral: imparcialidad, independencia, legalidad, objetividad, certeza y máxima publicidad. El resultado esperado es contar con representantes fidedignos de los intereses de la sociedad mexicana e instituciones electorales, administrativas y jurisdiccionales a la altura de las expectativas y necesidades del pueblo mexicano.
