La impunidad en México es generalizada y, en última instancia, es un problema de Derechos Humanos, los cuales son universales, no tienen restricciones sectoriales. Benefician a todo tipo de personas y por ello es un asunto que compete a: estudiantes, sindicatos, organizaciones campesinas, organizaciones de la sociedad civil, grupos de artistas e intelectuales. La circunstancia que sostiene y provoca la descomposición actual del Estado mexicano, es de tal envergadura que se requieren medidas de fondo: reformas realmente estructurales. Al menos se deberían cambiar de raíz seis temas: las formas de fiscalización de los recursos públicos, la estructura de impartición de justicia, los mecanismos de representación (especialmente en los municipios), el modelo de seguridad, la vida interna de los partidos políticos y las políticas orientadas a la equidad social. Cambiar estos seis rubros de la vida pública, significa una Reforma Integral de las Instituciones.
En cuantos a la seguridad las voces ilustradas vienen planteando la conveniencia de legalizar las drogas, porque no han resuelto el problema que pretende enfrentar la prohibición del consumo, y sí en cambio, ha creado un problema aun mayor que aquel que pretendía resolver (la acción de las bandas del crimen organizado). Con ello, el Estado reduciría considerablemente el ámbito del crimen. Junto a ello, se ha pedido construir modelos de seguridad de proximidad basados en enfoques de prevención del delito; y dejar de centrar la acción estatal en las policías militarizadas. Hacer más uso de la inteligencia social y menos de pistolas. La fiscalización de recursos públicos es esencial para prevenir la corrupción desbocada, es decir, ya no es sólo aquella que se oculta de la mirada pública y viola le ley; ahora es a la luz del día y con la nulificación manifiesta de las leyes que castigan los abusos. La estructura de impartición de justicia es algo inaplazable: el porcentaje de delitos no castigados rebasa 90 porciento. El caso de la representación en el municipio es especialmente grave porque ha llevado a ese nivel de gobierno a ser un mero apéndice de los otros dos niveles y sin arraigo con su población; por lo que se deberá revitalizar a partir de hacer surgir la representación de su propio territorio; de tal manera que veamos a las cabildos municipales respondiendo a los intereses de su entorno y no de caciques partidarios estatales. Los partidos políticos no tienen credibilidad: su vida interna es antidemocrática y llena de corrupción. En suma, la agenda de cambios es inmensa. Por tanto, la presión social para hacerlos posible y realizarlos, debe ser igualmente grande y extensa: no sólo estudiantes, sino la confluencia de todos los sectores sociales. Ahora mismo es la movilización estudiantil la que ha centrado la participación, pero si los mexicanos deseamos realmente que la realidad del país cambie, deberemos sumarnos a la presión y hacer propuestas que vengan de todos los sectores sociales. De otra manera, persistirá la ignominia.
