Río de Janeiro. La Comisión Nacional de la Verdad divulgó este miércoles un informe condenatorio sobre las matanzas, desapariciones y torturas cometidas durante la dictadura militar de 1964-1985, y exhortó a procesar a los responsables.
El reporte de 2 mil páginas fue entregado a la presidenta Dilma Rousseff, quien en los años 70 era guerrillera marxista y fue capturada, torturada y encarcelada.
«Bajo la dictadura militar, la represión y la eliminación de los opositores políticos se convirtió en política de estado, concebida e implementada en base a decisiones tomadas por el presidente de la república y ministros militares», dice el documento.
La comisión «por lo tanto rechaza enfáticamente las explicaciones ofrecidas hasta hoy de que las violaciones a los derechos humanos no fueron más que unos pocos hechos aislados o excesos de unos cuantos soldados».
Los investigadores pasaron casi tres años revisando archivos, registros de hospitales y morgues e interrogando a las víctimas, sus familias y los supuestos culpables. El documento representa la revisión más completa en Brasil para arrojar luz sobre los abusos a los derechos humanos cometidos durante el régimen militar.
La comisión de siete miembros, creada por el Congreso y juramentada ante Rousseff en 2011, no tiene poderes procesales, y una ley de amnistía de 1979 aprobada por el régimen militar impide que los responsables sean juzgados y castigados. El informe reclama la anulación de la amnistía.
El documento detalla exhaustivamente la «práctica sistemática» de los militares de cometer detenciones arbitrarias y torturas, ejecuciones, desapariciones forzadas y el ocultamiento de cadáveres. Documenta 191 matanzas y 210 desapariciones atribuidas a las autoridades militares, como también 33 casos de desaparecidos cuyos cadáveres fueron hallados.
«Estas cifras por cierto no corresponden al total de muertes y desapariciones sino solo de casos que fue posible comprobar», dice el informe, y cita «los obstáculos encontrados durante la investigación, especialmente la falta de acceso a la documentación de las fuerzas armadas, que según se dijo oficialmente ha sido destruida».
Rousseff, notoria por su fortaleza de ánimo, perdió la compostura durante su discurso de presentación del informe en la capital Brasilia. El público le tributó una ovación de pie cuando hizo una pausa.
«Brasil merece la verdad. Las nuevas generaciones merecen la verdad. Y, sobre todo, quienes merecen la verdad son aquellos que perdieron a miembros de sus familias, amistades, compañeros y siguen sufriendo, como si volvieran a morir cada día de sus vidas», afirmó la presidenta, a veces cortándose a mitad de una frase luchando por contener las lágrimas. «Nosotros, que creemos en la verdad, esperamos que este informe contribuya a ese objetivo para que los fantasmas de un pasado triste y doloroso no puedan seguir refugiándose en el silencio».
Rosa Cardosa, abogada penal de Río de Janeiro y miembro de la comisión, dijo que documentar la represión del régimen militar a estudiantes, dirigentes sindicales, trabajadores de fábricas, tribus indígenas y otros calificados de subversivos es crucial para restañar las heridas en la sociedad brasileña.
«Creo que el informe nos ayuda a avanzar, a seguir adelante, a contribuir a que la sociedad comprenda este problema y le arroje luz», comentó Cardosa, quien durante el régimen militar brindó representación legal a prisioneros políticos, entre ellos a Rousseff.
El documento «da voz a las víctimas, a los sobrevivientes y las familias que fueron capaces de contar la historia de aquellas atrocidades», afirmó.
Los países vecinos de Brasil —Argentina, Chile y Uruguay— han investigado crímenes cometidos por los regímenes militares en la misma época, y han condenado y aplicado sentencias severas a altos funcionarios y militares.
Muchos observadores dudan de la voluntad política del gobierno para hacer otro tanto.
«No puede haber amnistía para los torturadores, y a fin de que estos sean responsabilizados por sus crímenes, la ley de amnistía debe ser modificada o anulada totalmente», opinó Elizabeth Silveira e Silva, que dirige el grupo Tortura Nunca Más.
Rousseff ha mantenido una presencia discreta en lo que respecta a las cuestiones vinculadas con la dictadura. Rara vez habla sobre los abusos que padeció durante su detención, cuando era atada y colgada cabeza abajo, golpeada en la cara y sacudida por golpes de corriente eléctrica.
Sus adversarios políticos han calificado a Rousseff de «terrorista» inclinada a orientar a Brasil hacia la extrema izquierda política.
Su pasado, sumado a un escándalo masivo de corrupción atribuido a su Partido de los Trabajadores, que involucró a la compañía petrolera estatal Petrobras, ha llevado a muchos a conjeturar que es improbable que promueva cambio alguno a la ley de amnistía.
Casi treinta años después del fin de la dictadura en Brasil, la Comisión de la Verdad (CNV) entregó su informe final a una conmovida presidenta Dilma Rousseff, víctima del régimen, y pidió anular la amnistía a los violadores de derechos humanos.
En dos años y siete meses de trabajo, la comisión registró 434 muertos o desaparecidos, víctimas políticas directas durante los denominados «años de plomo».
«Esos números no corresponden al total de muertos y desaparecidos. Son sólo los casos cuya comprobación fue posible en función del trabajo realizado y a pesar de los obstáculos en la investigación, en especial la falta de acceso a la documentación producida por las Fuerzas Armadas, oficialmente dada como destruída», dijo la CNV en las conclusiones de su informe final entregado el miércoles a Rousseff.
Para la comisión quedó ampliamente demostrado que las «graves violaciones» de derechos humanos perpetradas durante 21 años fueron una «política de Estado», rechazando la explicación de las Fuerzas Armadas de que fueron hechos aislados o excesos.
«Respetamos y reverenciamos a todos quienes lucharon por la democracia», dijo por su parte la presidenta, quien recibió el informe y derramó lágrimas durante su discurso al asegurar que las nuevas generaciones y las familias de las víctimas merecían la verdad porque, sin ella, «continúan sufriendo como si sus familiares murieran de nuevo».
La comisión fue creada en 2011 por la propia Rousseff, una exguerrillera que estuvo presa y fue torturada por el régimen militar y que también ha prestado su testimonio a este grupo de trabajo, al igual que sus colegas Luiz Inacio Lula da Silva y Fernando Henrique Cardoso, en calidad de víctimas de la dictadura.
Brasil no ha juzgado a los represores de la dictadura por una ley de 1979, ratificada en 2010, que amnistió a policías y militares que violaron los derechos humanos.
