Tras el anuncio formulado por el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, de que los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre en Iguala habrían sido ejecutados, calcinados y arrojados a un río y un basurero en Cocula, de acuerdo con testimonios de presuntos integrantes del cártel Guerreros Unidos, persistieron las muestras de incredulidad y el escepticismo de los familiares de las víctimas, su entorno social de apoyo y organismos humanitarios internacionales, respecto de la voluntad del gobierno federal por esclarecer los hechos.
Como lo afirmaron los representantes de las familias de los normalistas en su visita a Zacatecas, las acciones de comunicación social de autoridades federales en torno al tema estuvieron marcadas por el desaseo y la indolencia; dieron a conocer los videos que forman parte de los avances de la investigación a pesar de que las familias de las víctimas les pidieron no hacerlo, no presentaron evidencia irrefutable alguna sobre las versiones de los detenidos –porque carecen de ellas, a decir de las propias autoridades– ni esperaron a los dictámenes del equipo forense que acompaña a los familiares de las víctimas, todo lo cual ha alimentado la percepción de que lo que pretende el grupo gobernante es dar carpetazo al asunto. Un ejemplo de esa predisposición tuvo lugar en el encuentro estatal del Tricolor, donde se seleccionaron a los comités municipales, ni un solo comentario sobre el tema de esta barbarie fue escuchado. Fue a nivel nacional el presidente del Partido Revolucionario Institucional, César Camacho, quien calificó los hechos como una lección dolorosa y llamó a la sociedad a salir adelante.
Por lo pronto, en Zacatecas las autoridades deben de aprovechar la ocasión para replantear varios temas, recordemos que aquí también tenemos más de 400 casos de seres humanos desaparecidos, los asesinatos de los Cazadores aún siguen sin esclarecer y con una recomendación en materia de Derechos Humanos. El trabajo aún es demasiado en seguridad pero sobre todo falta trabajo por destrozar el corazón de todos los males que es la corrupción.
Nos llevaríamos mucho espacio pero vale la pena recordar que es sumamente preocupante que ni un solo funcionario de primer nivel de la pasada administración este pagando lo que a juicio del Secretario de la Función Pública, Guillermo Huizar, fue un claro y enorme desfalco al erario. Podríamos añadir de igual forma que también es por demás sospechoso que el famoso Tribunal de Cunetas, tampoco este en la agenda legislativa y mucho menos la aplicación de la Ley de salarios máximos. Zacatecas aún puede ser punta de lanza en materia de transparencia y combate a la corrupción, sin embargo por las declaraciones de legisladores y actores políticos, el cambio no se dará en la clase política por lo que la sociedad y universitarios deberán de emprender esa trasformación. Ahora más que nunca se requiere limpiar el sistema.
