México, DF. El anuncio de hoy del Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, de que los 43 estudiantes pudieron haber sido asesinados, quemados y arrojados a un río, se da «después de semanas de especulaciones sobre el destino de los estudiantes», y aun así las líneas de investigación de la desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales «han sido limitadas e incompletas», además de estar acompañadas de funcionarios que se rehúsan a cuestionar la colusión entre el Estado y el crimen organizado que subyace a estas graves violaciones de derechos humanos, señaló Amnistía Internacional (AI).
«Trágicamente, la desaparición forzada de los estudiantes es sólo el último de una larga serie de horrores que han sucedido en el estado de Guerrero y el resto del país. La corrupción y la violencia como señales de advertencia han estado allí para que todos las vean desde hace años y los que negligentemente las han ignorado son ellos mismos cómplices de esta tragedia «, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.
La organización de derechos humanos subrayó que en el recuento más reciente de las desapariciones de los estudiantes, Murillo Karam «ha fallado en reconocer que se trata de un crimen de Estado y no de un hecho aislado».
De igual forma, «olvidó mencionar la negligencia y complicidad del Estado en la investigación de una serie de denuncias contra el alcalde de Iguala y el hecho de no llevar a la justicia a los integrantes de la policía federal y local involucrados en el asesinato y la tortura de otros estudiantes de Ayotzinapa en 2011».
Amnistía indicó que el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca —principal sospechoso de la desaparición forzada de los estudiantes—, ha sido también sospechoso de corrupción y otros delitos graves, y que incluso en junio de 2013 el sobreviviente de un ataque a ocho activistas locales, entre ellos Arturo Hernández Cardona, informó que el alcalde había participado directamente en los asesinatos.
El sobreviviente proporcionó una relación detallada que se le entregó a un notario público, debido a los temores sobre la connivencia de la policía. Sin embargo, el fiscal del Estado no llevó a cabo ninguna investigación sobre las reclamaciones.
A pesar de la evidencia que involucra al alcalde, la investigación fue presuntamente cerrada en mayo de 2014.
En diciembre de 2011 las autoridades fallaron en hacer rendir cuentas a los funcionarios policiales federales y estatales responsables de la muerte de dos estudiantes de Ayotzinapa y de la tortura y malos tratos de otras 20 personas.
«Cualquier investigación iniciada ahora por el Procurador General llegará demasiado tarde. Si se hubieran realizado investigaciones exhaustivas sobre las denuncias contra el alcalde de Iguala y la policía federal y local cuando se produjeron otras violaciones graves de los derechos humanos, tal vez estos terribles asesinatos y desapariciones forzadas no hubieran tenido lugar», dijo Erika Guevara.
Amnistía Internacional dijo lamentar que, a pesar de los compromisos expresados por el presidente Peña Nieto, sus acciones demuestran lo contrario. «El gobierno mexicano no ha aceptado la asistencia técnica internacional ofrecida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por otra parte, en medio de esta profunda crisis de derechos humanos, el Presidente iniciará una gira internacional al Foro de Cooperación Económica, demostrando poco interés en hacer frente a la grave situación de derechos humanos en México.
«Es obligación de las autoridades llevar ante la justicia a todos aquellos que trabajan a nivel estatal y federal que son cómplices de estas graves violaciones a los derechos humanos, así como aquellos que han descuidado sus deberes en la investigación de estos hechos y hacer frente a la grave crisis de derechos humanos», concluyó Guevara Rosas.
