El informe presentado ayer por el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) ha obligado al presidente Enrique Peña Nieto a dar la cara y ordenar que se tomen en cuenta las observaciones y propuestas contenidas en el informe mencionado. No podía hacer otra cosa en vista de la contundencia de los razonamientos del informe y ante el hecho de que él propuso al titular de la Procuraduría General de Justicia, tanto al anterior como a la actual.
El informe plantea elementos que ponen en duda algunas piezas clave de la narrativa presentada como verdad histórica por Murillo Karam. Refieren los expertos que “Más allá del uso de capuchas, son policías municipales y actúan de forma abierta, aunque amparándose en la noche, en un escenario del centro de la ciudad y a la salida de la misma. Los hechos se dieron frente a numerosos testigos, aunque los perpetradores también contaban con el poder de tejer el silencio con el nivel de terror ejercido y el control territorial que numerosos testigos entrevistados señalan, en el que el crimen organizado y específicamente Guerreros Unidos, la policía y distintas autoridades actuaban de forma coordinada desde hacía tiempo.”
“La masividad de la acción, el gran número de víctimas, la extensión en tan diferentes escenarios y tiempos su realización ante muchos posibles testigos, la detención de los normalistas, el uso de patrullas municipales identificables, entre otros factores, parecen mostrar más una acción orientada a no dejar salir los autobuses y/o a castigar a los normalistas por su acción, que a ocultar desde el inicio los hechos. La negación de la desaparición tiende a ocultar las pruebas que puedan incriminar a los autores.”
En cuanto al destino de los desaparecidos y la hipótesis de quema de cuerpos refiere el informe que “La versión oficial enfatiza un nivel de organización y tipo de decisión de un grupo de delincuentes que no se corresponde con el conjunto de otros casos en la zona, ya sea de asesinatos o de desapariciones y ocultamiento en fosas. En este caso se trata de un grupo muy numeroso de personas, quienes son detenidas por dos cuerpos de policías municipales en dos lugares diferentes y ocultado su destino con un enorme despliegue de infraestructura, capacidad de coordinación y ejecución de dicha acción. Por otra parte, las contradicciones en dichas versiones sobre los hechos, por parte de los acusados de ser parte de Guerreros Unidos, y haber llevado a cabo el asesinato y desaparición, muestran las inconsistencias en dicha versión de lo sucedido posteriormente y su desconexión respecto lo niveles de decisión que aparecen en la primera parte de los hechos.”
La decisión de llevar a cabo un modus operandi tan atroz y sofisticado sin antecedentes, y por tanto sin contar con las directrices y práctica, métodos, materiales etc. preparados para llevarla a cabo y “convertir en cenizas” a los normalistas, es decir llevar a cabo su desaparición hasta convertir sus cuerpos en restos que ni siquiera puedan ser identificados con pruebas de ADN, similar a la calcinación que se logra en un horno crematorio, no tiene precedentes en el lugar ni el modus operandi de los perpetradores de Guerreros Unidos, ni un móvil que esté a la altura de las necesidades de trabajo, organización y medios adecuado para tratar de borrar cualquier tipo de huella en un grado de sofisticación tan extremo.”
“Ahora bien, las condiciones de dicho acto y las versiones sobre los hechos siguen siendo contradictorios, aunque este informe muestra la imposibilidad de que el basurero de Cocula, en las circunstancias y tiempos señalados en el expediente, sea dicho escenario.”
