El Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), aprobó el proyecto de presupuesto de la institución para el 2027, cuyo ejercicio se someterá a un plan de austeridad que pretende ahorrar 100 millones de pesos.
Durante la exposición del anteproyecto, el rector Ángel Román Gutiérrez expuso que la elaboración del presupuesto responde a un escenario de severa presión sobre la liquidez operativa de la máxima casa de estudios del estado.
De acuerdo con el diagnóstico institucional, la BUAZ enfrenta una deuda acumulada superior a los 4 mil 710 millones de pesos por concepto de cuotas, aportaciones y retenciones no enteradas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), Fondo de Vivienda (Fovissste) y el Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (RCV).
A esto se suman pasivos fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que ascienden a 529.6 millones de pesos correspondientes a ejercicios anteriores.
A pesar de que la matrícula escolar creció un 77.15 por ciento entre los ciclos 2004-2005 y 2025-2026, hasta alcanzar más de 40 mil estudiantes, existe un claro desfasamiento en las aportaciones públicas. En el desglose del subsidio ordinario total por alumno (75 mil 087 pesos promedio), la BUAZ se ubica en el lugar 21 de 35 universidades públicas estatales a nivel nacional.
Detalla que el subsidio federal aporta el 75.38 por ciento (56 pesos por estudiante, lugar 11 nacional), mientras que el subsidio estatal representa únicamente el 24.62 por ciento (18 pesos por alumno, ocupando la posición 27 nacional).
Para dar viabilidad a la operación universitaria y proteger el pago quincenal del personal docente frente a grupo y de servicios esenciales, Román Gutiérrez informó que implementará un Plan de Austeridad que tendrá el objetivo de generar un ahorro estimado de 100 millones de pesos mediante la contención del gasto operativo y la optimización de los recursos.
Entre las disposiciones generales obligatorias destacan un cero incrementos a mandos superiores, prohibición de incrementos salariales y compensaciones extraordinarias para mandos medios y superiores, mientras que la prima de antigüedad para funcionarios de la Administración Central no podrá exceder el cálculo correspondiente a un docente de tiempo completo Titular «C».
Asimismo, se adoptará un indicador técnico de referencia de al menos 3 docentes en activo por cada trabajador administrativo, evitando que la plantilla de apoyo absorba más del 20 por ciento del presupuesto para el Capítulo 1000.
Además, se establece como meta institucional recortar un mínimo del 30 por ciento en el gasto por honorarios respecto al cierre de 2026 y la restricción estricta de nuevas contrataciones de confianza.
Por otra parte, se aplicará una retención de ingresos propios de hasta el 30 por ciento sobre los ingresos derivados de servicios, asesorías y proyectos facturados a través de la universidad, los cuales deberán cobrarse exclusivamente mediante pagos referenciados o terminales institucionales para garantizar su trazabilidad bancaria. También se estableció la meta de reducción del 10 por ciento real en el gasto corriente elegible (combustibles, viáticos, telefonía, arrendamientos y eventos de representación).
