Desde las dos últimas décadas del siglo XX la idea de convertir en negocio el patrimonio público se extendió por el mundo como tsunami, sobre todo en el campo de los países subdesarrollados. El transporte, la energía, la salud, el agua, la educación, la recolección de basura, las comunicaciones junto a infinidad de bienes y servicios fueron empujados por las clases gobernantes a la órbita del mercado. La privatización de los sistemas públicos de pensiones fue una de las decisiones de mayor relevancia debido a lo riesgoso de los esquemas puestos en marcha, a la cantidad inmensa de recursos que entraban al juego especulativo y a las tensiones sociopolíticas que provocó el despojo.
El Decreto Ley N-3500 promulgado por Augusto Pinochet en 1980 marcó el punto de arranque del vendaval privatizador de las pensiones en el mundo. El modelo pensionario de la dictadura chilena se basó en el argumentario de los economistas de la Universidad de Chicago para quienes la desaparición del Estado de Bienestar era un mantra. Los dogmas de los Chicago Boys contaron siempre con el beneplácito del conservadurismo y de las formaciones políticas de derecha; la glorificación del mercado, la privatización de los bienes públicos, el clasismo, el racismo, el odio a las migraciones y la supresión de derechos sociales, fueron conceptos centrales de una batalla cultural que el conservadurismo global sostuvo y continúa manteniendo hasta la fecha.
La aniquilación de los sistemas pensionarios públicos y solidarios no fue una casualidad, un capricho o un accidente histórico. La privatización de la seguridad social es una pieza fundamental del rompecabezas ideológico de la reacción, la oligarquía chilena es un ejemplo icónico del pensamiento retardatario.
Los impulsores de la privatización argumentaron la inviabilidad del sistema público de previsión social con datos y cifras que hoy resultan probadamente falaces. Muchas voces expertas “probaron” que el modelo solidario conduciría inexorablemente a una crisis de la vejez en la que el impago era una amenaza permanente. Bajo el control dictatorial en la República de Chile se puso a andar el primer ensayo que eliminó el fondo público de reparto pensionario e implementó el sistema de cuentas individuales de capitalización administradas por agencias privadas.
La experiencia chilena se convirtió, para los sectores empresariales y las agencias financieras internacionales en el ejemplo a seguir. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica incorporaron a sus agendas la promoción de esquemas privatizadores a nivel mundial; después de Chile, treinta países modificaron total o parcialmente sus sistemas pensionarios, catorce de América Latina, catorce de Europa Oriental y dos de África.
En julio de 1997, Ernesto Zedillo Ponce de León puso en vigor la Ley del IMSS aprobada por el Congreso de la Unión en 1995, México entró a partir de entonces en el concierto de los países que acataron las disposiciones del Banco Mundial en materia de seguridad social. Diez años más tarde, en marzo del 2007, el Gobierno de Felipe Calderón dio otro jalón al serrucho de los recortes a los derechos pensionarios promulgando la Reforma a la Ley del ISSSTE. La transformación estructural del sistema pensionario transfirió funciones del sector público al ámbito privado y bajo la conducción política de los futuros firmantes del “Pacto por México”, el IMSS y el ISSSTE abandonaron la misión histórica de fungir como instituciones garantes de la seguridad social para dejar el campo libre a las instituciones financieras.
En nuestro país, los defensores de la bancarización del sistema de pensiones usaron como señuelos el combate al déficit fiscal, el abatimiento de la corrupción de los administradores de los bienes públicos, el incremento del poder adquisitivo de los pensionistas, la equidad, la igualdad, el premio al esfuerzo individual y el uso del ahorro para el impulso del desarrollo nacional. Un mínimo recuento de los daños deja al desnudo las falencias de aquel relato.
La evidencia prueba que a partir de su privatización los fondos de pensión han sufrido una pérdida constante, son también conocidos los altos costos de las comisiones que imponen las AFORES por la administración de las cuentas individuales, también se sabe de la disminución constante del valor porcentual de la pensión con respecto al último salario cotizado. La tasa de reemplazo en México es paupérrima, en promedio los pensionistas cobran el 30 por ciento de su último sueldo, eso se traduce en condiciones de miseria para millones de jubilados.
Que el modelo empresarial de las pensiones es un fracaso lo prueba el hecho de que el 60 por ciento de los países que lo adoptaron han renunciado a él para reconstruir parcial o totalmente sus sistemas públicos, solidarios e intergeneracionales. Sin embargo, los tropiezos estrepitosos no han sido razón suficiente para que los beneficiarios de la privatización renuncien a sus privilegios, los conservadurismos, las burguesías autóctonas y transnacionales son perseverantes, no dejarán perder lo que consideran su particular negocio.
Las medidas implementadas por Bolsonaro en Brasil, por Milei en Argentina y por Kast en Chile coinciden con las anunciadas por Fujimori en el Perú y De la Espriella en Colombia. Todos esos proyectos políticos reivindican la privatización de las pensiones, los recortes del gasto social, los negocios con el patrimonio común, la precarización de la vejez, el hambre, la exclusión, la enfermedad y la indiferencia ante la muerte “de los inútiles”. Las formaciones políticas de derecha contemplan esas medidas en sus programas y aspiran a implantarlas en todas partes, México es uno de sus objetivos estratégicos.
Los sistemas de seguridad social estarán en el centro del debate político. La motosierra avanzará a la par de los triunfos electorales de las derechas, ese destacamento político tiene la certeza de que la división jerárquica de la sociedad, la preeminencia del mercado y los valores tradicionales son naturales, eternos e inevitables; para los aristócratas y supremacistas los derechos de ciudadanía son tan inaceptables como quienes los reivindican, por eso se dirigen a ellos con retóricas deshumanizantes.
Las medidas conservadoras han provocado resistencias en todas partes. Los trabajadores de la educación de México se opusieron férreamente a la Reforma del la Ley del ISSSTE promulgada por el panismo el 2007 y los últimos dos años han protagonizado una pelea ejemplar por su abrogación. Es de esperarse que los maestros y el resto de la clase trabajadora continúen en la brega, para construir el triunfo es imprescindible conocer el campo de juego y ubicar las fuerzas en pugna, hace falta comprender que la batalla por la seguridad social no es una querella contra un sujeto particular. La reivindicación de la pensión solidaria forma parte de la lucha cultural de la mayoría social frente a los grupos reaccionarios que ostentan la hegemonía en este país, esa disputa debe asumirse sin ambages en los destacamentos de trabajadores que luchan.
Urge asumir postura porque en la pelea por la recuperación del sistema público de pensiones no puede navegarse al garete. La despolitización, la neutralidad, la retórica del “todos son iguales” siempre conducen a decisiones políticas erróneas, por lo demás, la antipolítica es solo otra forma de hacer política y es la más conservadora.
Para el mundo del trabajo y las vanguardias que mantienen en alto la bandera del derecho a pensiones dignas la escena es incierta y confusa, somos muchos los que no hallamos ni por dónde caminar. Pero en el sórdido aturdimiento hay un hecho incontrovertible: por la derecha no hay paso.
No hay por qué hacerse bolas, los maestros debemos ser protagonistas en la batalla cultural que está en curso. Nos corresponde un papel estelar al lado de la mayoría social ¿o acaso vamos a correr por la banda derecha?
