El ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, y los cuatro ex consejeros que están refugiados en Bélgica tendrán que comparecer ante el tribunal el próximo 17 de noviembre, que será cuando la Cámara del Consejo de Bruselas decidirá si les entrega al Estado español, donde tienen abierta una causa penal por los delitos de rebelión, sedición, malversación de fondos públicos y cohecho.
El líder independentista catalán se encuentra en Bruselas desde el pasado 27 de octubre, cuando decidió salir de forma semiclandestina de su región ante la inminente citación judicial por parte de la Audiencia Nacional española.
La Fiscalía de Bélgica informó que el proceso de tramitación de la euroorden girada por la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, sigue su curso y, según lo prevista por la propia legislación, después de haberles tomado declaración durante cinco horas ayer domingo, ahora se envía el expediente a la Cámara del Consejo de Bruselas, que será donde se analizará tanto la información presentada por los abogados y los propios políticos involucrados como por el Estado español a través de la orden judicial.
Puigdemont se encuentra huido de Cataluña junto con cuatro de sus colaboradores más estrechos en los últimos años, que son Antoni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Lluís Puig.
El resto de su gobierno fue enviado a prisión por orden de la misma magistrada, al considerar que había riesgo de fuga, de destrucción de pruebas y de reincidencia. Actualmente se encuentran presos el ex vicepresidente, Oriol Junqueras, y siete ex consejeros más. Sólo uno, Santi Vila, salió en libertad bajo fianza de 50 mil euros al haber sido el único que decidió presentar su dimisión en la víspera de que se aprobase en el Parlamento catalán la declaración unilateral de independencia, que fue uno de los detonantes de las querellas presentadas por la Fiscalía General del Estado.
Todos ellos, más los líderes sociales Jordi Sánchez y Jordi Cruixart, presidentes de las plataformas secesionistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Ómnium Cultural, son considerados por sus partidos y los millones de seguidores que tienen en Cataluña como unos “presos políticos” que están siendo “víctimas” de las “ansías de venganza” del Estado español por haberlo desafiado con una declaración unilateral de independencia.
Jaume Cuevillas y Andreu Van den Eynde, abogados de los consejeros presos en España, arremetieron con la justicia española y anunciaron que presentarían un recurso de apelación para que se reconsidere su situación penal. Además defendieron la estrategia de Puigdemont de trasladare a Bélgica para continuar con su estrategia política: “Tenía muy claro que quería poder preservar la capacidad de relato hasta las elecciones del 21 de diciembre, y aquí no habría sido posible. Además lo puede hacer porque no se ha dictado contra él ninguna medida que no le permita hacer campaña”.
Cuevillas añadió que los tribunales españoles “estarán atentos a las encuestas y, si ven que el independentismo aumenta a medida que llegue el periodo electoral, pueden tomar alguna decisión. Así, existe la posibilidad de que los encarcelados salgan de la cárcel en el momento que tenga que verse un recurso de apelación dentro de tres o cuatro semanas. Pero en todo caso, hay dos posibilidades: O es prisión, o libertad con una fianza más o menos elevada”.
Además criticaron la “criminalización del proceso soberanista”, que además está siendo juzgado en un tribunal de excepción como es la Audiencia Nacional, que a su juicio ni siquiera tiene la competencias para hacerlo.
