■ Ante la ambigüedad de la ley poco se puede hacer para sancionar a regidores y alcaldes, dijo
■ En esta condición, funcionarios de primer nivel en la pasada administración de Fresnillo, señaló
Es “muy común y recurrente” que se rebase el tope salarial de percepciones de regidores y alcaldes establecido en una reforma constitucional aprobada en 2010 para Zacatecas; los integrantes de los cabildos no la cumplen, sin embargo ante la ambigüedad de la ley poco se puede hacer para sancionarlos, admitió el presidente de la Comisión legislativa de Vigilancia, Luis Acosta Jaime.
A propósito de que hace unos días el Congreso local aprobó algunas cuentas públicas municipales 2013, entre ellas la de Fresnillo cuyas inconsistencias de más de 6 millones de pesos, entre otras, fueron el que los regidores y funcionarios de primer nivel rebasaron los topes de salarios máximos establecidos, el diputado Acosta dijo que la Auditoría Superior del Estado (ASE) debe hacer observaciones en ese sentido; sin embargo, si los implicados se amparan ante un tribunal, ganan.
La semana pasada la Legislatura también aprobó las cuentas públicas de Jerez, Zacatecas y Guadalupe, donde hubo junto con otros municipios desvíos por 37 millones de pesos por diversos conceptos, algunos de ellos referentes a rebasar el tope salarial.
Hace cinco años se aprobó en la 59 Legislatura una reforma constitucional en materia de salarios máximos y se armaron tres grupos de municipios: A, B y C, para establecer un tope salarial máximo de los presidentes municipales y regidores, dependiendo del presupuesto, número de habitantes y otros.
Se estableció que los alcaldes de la zona A, entre ellos Guadalupe, Zacatecas y Fresnillo, podrán ganar 82 mil 481 pesos mensuales; los de la zona B, sobre todos ubicados en las regiones norte y noroeste, 57 mil 378 pesos y los ediles especialmente del sur del estado, clasificados en la zona C, tienen un margen para percibir hasta 33 mil 140 pesos.
A la fecha, dicha reforma no se ha reglamentado y según explicó el diputado Luis Acosta se contraviene incluso con el artículo 115 constitucional, el cual le da autonomía al municipio en su organización y su hacienda pública, si bien insistió que la ASE tiene el criterio de observar el rebase de los salarios en las cuentas públicas: “desgraciadamente si el sujeto fiscalizado se defiende ante los tribunales seguramente la gana”.
Ante esas ambigüedades legales, el legislador del PAN admitió que en el Poder Legislativo no se ha planteado atender el tema “por el costo político que nadie lo quiere asumir como tal”. Además, dijo que hay un antecedente en Tamaulipas donde existe una ley muy parecida a la de aquí y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la declaró inconstitucional.
De modo que insistió que a pesar de que en casi todas las cuentas públicas no respetan los salarios máximos, jurídicamente el mandato es inconstitucional, a la fecha ningún municipio se ha amparado y por ende ahí sigue la controversia.
Acosta aludió también al tema de la Ley Federal del Trabajo sobre si corresponde o no liquidar a los directores o el secretario del ayuntamiento por ser empleados de la presidencia, pero a la vez tienen el cargo de confianza y entra el razonamiento de que no sean indemnizados. Sin embargo, al momento que ellos van a los tribunales laborales siempre ganan.
El presidente de la Comisión de Vigilancia consideró que la alternativa a los abusos salariales es concienciar a los municipios para que los sueldos de regidores y funcionarios sean acordes a las necesidades de la población. Consideró que ha sido un avance el que el número de regidores en los municipios más grandes haya disminuido de 20 a 14.
Además, al ser Acosta de la opinión de que la Ley de Salarios Máximos no es constitucional, en el tema de los bonos de retiro, mientras que estén presupuestados y aprobados por cabildo, aunque no sea conveniente, son legales.
Al no haber encontrado legalmente los resultados deseados, Acosta agregó que la forma más acertada es que los tres poderes de gobierno sean más conscientes de los recortes presupuestales en el estado y país, así como las necesidades prioritarias. “No queda más que ajustarse el cinturón y que los salarios de los gobernantes se adecuen a las necesidades”.
