Mintió el 20 de noviembre de 1975, cuando juró fidelidad eterna al fascismo, y volvió a mentir el 27 de diciembre de 1978, cuando proclamó la nueva constitución y se asumió como rey de todos los españoles
. El electorado peninsular, por entonces virgen, había aprobado por mayoría (59 por ciento de los inscritos) una carta magna que derogaba algunas de las disposiciones más atroces de la dictadura y en la que los tránsfugas del régimen fraquista, encabezados por el propio Juan Carlos de Borbón, encontraron la coartada ideal para explotar en su propio provecho una formalidad democrática que cedió a la clase política la jefatura del gobierno, pero mantuvo la del Estado en la lógica de las sucesiones genéticas. Los políticos hicieron su tarea y presentaron el engendro como el menos peor de los mundos posibles: se reconocía a la corona para evitar enfrentamientos y revanchas dictatoriales, para avanzar a la modernidad y para dejar atrás una tiranía sangrienta que aún podía dar coletazos, como lo demostró oportunamente el fallido cuartelazo del 23 de febrero de 1981.
Es cierto que el nuevo texto constitucional reducía los poderes del rey a un terreno casi simbólico. A cambio de esa castración política se le ofreció impunidad legal absoluta (artículo 56 constitucional), una vida muelle para él y sus parientes y una opacidad completa para los gastos de la familia real; gracias a ella la fortuna familiar ha llegado a ser de mil 790 millones de euros (2 mil 400 millones de dólares), suma inexplicable incluso si durante los 39 años de su reinado el señor Borbón hubiese metido íntegros a una cuenta de banco los 8 millones 434 mil euros que el erario destina a mantenimiento de la casa, salarios de la familia real y alta dirección
de La Zarzuela. Tampoco ayuda mucho la herencia del abuelo Alfonso XIII, recibida a través del padre, el conde de Barcelona, y calculada en términos actuales en 100 millones de euros divididos entre cuatro herederos.
