■ Indagatorias no responden a denuncias formales, sino a “dichos” de estas personas: Soto
■ “Hasta el momento no hay ninguna persona procesada por este delito en la entidad”, explica
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas (PGJEZ) tiene abiertas 13 investigaciones por tortura en contra de mujeres que se encuentran recluidas en centros penitenciarios de la entidad.
La titular de esta dependencia, Leticia Catalina Soto Acosta, explicó que estas indagatorias no responden a denuncias interpuestas formalmente, sino a “dichos” de estas personas, quienes durante el juicio apuntan haber sido víctimas de tortura y malos tratos por parte de las autoridades policiacas.
A raíz de los señalamientos que hacen las personas detenidas, en este caso las 13 mujeres referidas, el tribunal de justicia informa a la Procuraduría para que se inicie la investigación correspondiente.
Este es el procedimiento que se sigue en estos casos, apuntó, debido a una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que obliga a que el Tribunal de Justicia, “cuando una persona detenida señala que ha recibido un maltrato por parte de las policías o alguna actividad de tortura, nos ordena (a la PGJEZ) la investigación”.
La procuradora recordó que hay una agencia del Ministerio Público especializada en tortura, en la que trabaja un grupo especializado que ha sido capacitado en los protocolos de investigación de este delito que aprobó la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, así como en el Protocolo de Estambul.
Señaló que hasta el momento no hay ninguna persona procesada por este delito en la entidad. Únicamente, puntualizó, “tenemos una recomendación de derechos humanos y la correspondiente destitución del cargo; pero no fue por tortura, fue por trato indebido”.
Estos datos los dio Soto Acosta días después de que se publicara un estudio por parte de Amnistía Internacional sobre la tortura contra mujeres en México y en el que se advierte que los abusos sexuales y la tortura son prácticas comunes contra las mujeres detenidas en el país.
En otro tema, Soto Acosta habló también de los procesos de “depuración” al interior de las corporaciones de seguridad e informó que actualmente en la Procuraduría están inmersos en la realización de pruebas de confianza como parte de la renovación obligatoria a la que deben someterse cada dos años los agentes en activo.
Asimismo, apuntó que precisamente a causa de los despidos generados por los exámenes de confianza hay 70 vacantes en la PGJEZ. No obstante, expuso que éstas no han podido cubrirse debido a los bajos niveles de aprobación, pues precisó que de 20 aspirantes, sólo son aptos dos o tres.
