■ En el caso de 2017, los informes aún son analizados por la Legislatura y no hay conclusiones
■ En la cuenta pública 2016, los probables daños o perjuicios a la hacienda pública, que conformaron las sanciones resarcitorias ascendieron a 3 millones 511 mil 984.84 pesos
■ Del monto en mención, 2.3 mdp correspondieron a la gestión de los recursos realizada desde el primero de enero hasta el 11 de septiembre, atribuido a ex funcionarios de MAR
Los señalamientos de irregularidades al interior de la Secretaría de Salud del estado, por el pago indebido a empleados que no fueron localizados en sus centros de trabajo, no son exclusivos del año 2018, sino que es una práctica que se ha detectado en otros ejercicios presupuestales por la propia Auditoría Superior del Estado (ASE) y que abarca también la presencia de los conocidos como aviadores.
En el caso del año 2017 todavía los informes están siendo analizados por la Legislatura local y no hay conclusiones al respecto pero, durante la cuenta pública 2016, tanto en los meses en los que aún estaba la pasada administración como a partir de septiembre, ya con el gobierno actual, hay observaciones en el mismo sentido.
En esa ocasión, los probables daños o perjuicios a la hacienda pública, que conformaron las sanciones resarcitorias determinadas por la ASE, ascendieron a 3 millones 511 mil 984.84 pesos.
De este monto, 2 millones 363 mil 219.68 pesos correspondieron a la gestión de los recursos realizada desde el primero de enero hasta el 11 de septiembre, por lo que se le atribuyen a los ex funcionarios que estuvieron en la dependencia durante la administración del ex gobernador Miguel Alonso Reyes.
La primera acción resarcitoria fue por un millón 539 mil 253.62 pesos por “el pago de percepciones del 01 de enero al 15 de septiembre de 2016 a 8 trabajadores, con cargo al presupuesto de los Servicios de Salud de Zacatecas, mismos que además se encuentran adscritos a otras dependencias, entidades y/u organismos autónomos, de los cuales no se demostró por cada una de las instituciones el efectivo trabajo desarrollado por los mismos”.
Como responsables directos en este caso se señala al director general de los entonces Servicios de Salud, Raúl Estrada Day, y al director administrativo, Juan Francisco Díaz Luna, además de a los trabajadores involucrados.
Asimismo, hay otro monto en este mismo periodo de 560 mil 333.08 pesos que se observan por el pago de percepciones a dos trabajadores de los SSZ que a su vez laboran en otras instancias siendo, en uno de los casos, el Centro de Readaptación Social (Cereso) y el Centro de Trasplantes, y en el otro, el Centro de Salud de Servicios Ampliados de Concepción del Oro y la todavía en ese momento Procuraduría General de Justicia del Estado.
Ninguna de estas instancias, de acuerdo con la Auditoría Superior del Estado, pudo acreditar el “efectivo trabajo desarrollado” por estas dos personas por lo que se presume el daño a la hacienda provocado por sus pagos salariales.
Respecto al periodo que le correspondió a la actual administración gubernamental, el monto de sanciones resarcitorias asciende a un millón 148 mil 765.16 pesos y la mayoría de este recurso, es decir, 818 mil 516.67 pesos se relaciona con el pago de siete trabajadores, que laboraban a la vez en otras instancias, y de los que no se demostraron sus actividades en alguna de las instituciones y seis de ellos son los mismos que se señalan en la observación inicial hecha al anterior gobierno.
Otro monto de 330 mil 248.49 pesos corresponde a los dos trabajadores que también se desempeñaban presuntamente en otros centros de trabajo como el Cereso y la PGJEZ.
