■ Las observaciones fueron menores que las detectadas el año pasado: Paula Rey
La secretaria de la Función Pública del estado, Paula Rey Ortiz Medina, dijo no tener un índice porcentual del impacto de las capacitaciones a funcionarios públicos en la reducción de las observaciones que se les realizan a través de auditorías, pero aseveró que “hay evidencia de que en este ejercicio” las que realizó la Secretaría de la Función Pública federal luego que concluyó su periodo de revisión, “fueron menores que las observadas el año pasado, y esto es muy importante”.
Dijo que la dependencia que encabeza “le está apostando” a la prevención mediante las capacitaciones a los funcionarios, el manejo del control interno, la ética gubernamental –en la que se ha capacitado ya a 4 mil servidores públicos-, y las contrataciones públicas –procesos de licitación-, sin dejar de lado el aspecto punitivo, las sanciones.
Recientemente se han realizado capacitaciones en bitácora electrónica, una herramienta que la Ley de Transparencia señala debe usarse, y cuyos registros, en que intervienen el ejecutor, el contratista y los entes de control, difícilmente se pueden alterar por lo que permite darle seguimiento a la ejecución de obra pública y deslindar responsabilidades.
Ortiz Medina dijo que es en obra pública donde se hace más notoria positivamente la influencia de las capacitaciones, pero también las supervisiones, últimas que han permitido que se detecten aspectos a corregir antes de que se realicen observaciones, “quizá porque la obra es un tema más tangible, donde podemos medir más rápidamente”.
La prevención tiene que ver, además de la capacitación, con otros factores como la voluntad política de las dependencias ejecutoras de los recursos para fortalecer sus procesos de control interno y la disposición de atender las observaciones de los entes fiscalizadores, pues estas se convierten en áreas de oportunidad a mejorar, expuso.
Agregó sobre el aspecto punitivo que no se ha evidenciado su reducción pues todavía se le da seguimiento a procesos de fiscalización que datan de los ejercicios, 2015, 2016 y 2017.
Aseveró que conforme vaya habiendo mayor eficacia y eficiencia en la labor de los servidores públicos irán disminuyendo también las auditorías, que en este momento se sobre ejercen por las distintas entidades de control del ámbito federal y estatal, y los procedimientos de responsabilidad.
Ortiz Medina reiteró su convicción de que el trabajo en la parte preventiva y correctiva “nos llevará a buen puerto”, pero el avance dijo, no se ve de la noche a la mañana.
Informó asimismo, sin precisar el número de servidores públicos implicados, que en este momento la SFP tiene 400 carpetas de investigación abiertas, y precisó que el ritmo en que se inician este tipo de procedimientos es mayor a su desahogo, “por todo el trabajo minucioso que se realiza”.
Sobre este asunto la dependencia quiere “apretar el paso” para concluir los más procedimientos posibles “porque sabemos que muchos más estarán llegando ya, de los resultados de la Cuenta Pública del 2018”.
Firman convenio SFP
e Inselcap
La Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Instituto de Selección y Capacitación firmaron ayer la renovación de un convenio mediante el que su personal podrá certificarse en procesos de contralorías sociales, y los referidos a la atención de las solicitudes de acceso a la información de los ciudadanos en las unidades de transparencia de dependencias y organismos.
Estos funcionarios certificarán a otros en las materias señaladas coadyuvando así en la profesionalización de otros servidores públicos, se expuso en el acto.
Ortiz Medina destacó su importancia porque hacerlo con personal propio y capacitado le permitirá a Gobierno del estado tener ahorros significativos ya que las unidades certificadoras y centros evaluadores externos, cobran.
En el proceso de certificación de las unidades de acceso a la información de Gobierno del estado acaba de concluirse la alineación de un grupo que está evaluándose y se espera que al finalizar el presente ejercicio lo hagan las restantes, mientras que quienes se certifiquen en los procesos de contraloría social podrán capacitar a los comités ciudadanos en la materia y buscar nuevos esquemas de participación ciudadana, expuso.
Simitrio Quezada Martínez, director general del Inselcap, dijo que la renovación del convenio de acreditación no solo apoya la profesionalización de los servidores públicos sino lo que esta logra, una sociedad mejor informada y un manejo de recursos públicos impecable y transparente.
En el evento donde también se entregaron certificaciones en procesos de contraloría social y de acceso a la información, a alrededor de 20 funcionarios de la SFP, se destacó su esfuerzo, pues estas capacitaciones les implican invertir tiempo sin dejar de lado sus responsabilidades cotidianas.
