■ Abarcan el periodo de enero de 2016 y están vigentes hasta diciembre del presente año
■ Este tipo de acuerdos han sido señalados por la ASF como procesos opacos que no se licitan
■ Advierten “probable daño o perjuicio o ambos” a la hacienda pública federal por 34.5 mdp provenientes de cinco contratos firmados entre la UPSZ y Secretaría de Agricultura
La Jornada Zacatecas cuenta con ocho convenios de colaboración firmados entre la Universidad Politécnica del Sur del Zacatecas (UPSZ) y las dependencias federales de Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca).
Los documentos en poder del diario abarcan el periodo de enero de 2016 y están vigentes hasta diciembre del presente año, por lo que algunos continúan vigentes. En ellos, la institución educativa presta servicios por la cantidad de 272 millones 184 mil 642 pesos.
Este tipo de convenios han sido señalados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como procesos opacos que no se licitan y que generan la posibilidad de cometer “actos ilícitos en las adquisiciones con proveedores que en colaboración con servidores públicos desvían el recurso público”.
En este caso, el acuerdo signado entre la UPSZ y la Conapesca, el cual data del 11 de enero del 2017, es el contrato de mayor monto que se realizó en el periodo citado. Desglosado en dos anexos, la universidad recibió 102 millones 750 mil pesos por la “ejecución y seguimiento de los proyectos a cargo de la Conapesca; encaminados al desarrollo, fortalecimiento y capacitación del sector pesquero y acuícola del país, así como el desarrollo de eventos para el mismo fin”.
Este convenio fue firmado en la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, y lo firman el que fuera rector de la UPSZ, Salvador Lara Martínez y el titular de Conapesca, Mario Gilberto Aguilar Sánchez. Además, aparecen las rúbricas del apoderado de la UPSZ, Alejandro Jiménez Ordóñez y del Jefe de la unidad de asuntos jurídicos de la institución federal, Rigoberto García Soto.
Otro documento más sobresale del resto, se trata del firmado el 11 de mayo del 2017 con la Sagarpa, en el cual se destinó un monto de 82 millones 100 mil pesos por integrar un registro de propietarios de predios, interesados en reincorporarse o incorporarse al directorio de Proagro.
En los ocho convenios en poder de La Jornada Zacatecas, la institución educativa supuestamente prestó sus servicios contando “con la infraestructura y los recursos materiales, técnicos, humanos y financieros necesarios para dar cumplimiento” al contrato.
No obstante, cabe recordar que, de acuerdo con información brindada por la Secretaría de Educación, la UPSZ sólo tiene una plantilla docente con 24 maestros, lo que conlleva una imposibilidad real para llevar a cabo las tareas encomendadas.
En ese sentido, la ASF en 2015, refiriéndose a las observaciones que le hizo a esta clase de convenios firmados entre la universidad zacatecana y dependencias federales, concluyó que “para ejecutar los proyectos, se comprobó que contrataron a diversas empresas, así como a personas físicas bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios, además aplicaron parte de los recursos en gastos diversos que en su mayoría son inherentes a la operación”.
Así, el órgano fiscalizador señaló como “probable daño o perjuicio o ambos” a la hacienda pública federal la cantidad de 34 millones 500 mil pesos provenientes de cinco contratos firmados entre la UPSZ y la Sagarpa.
La ASF apuntó que ninguna de las partes comprobó la realización de los servicios pactados, por lo que presumió que hubo simulación de operaciones.
El ente fiscalizador recalcó, en ese informe de 2015, que pese a haberse comprobado estos actos irregulares y haber promovido las denuncias correspondientes “no se han obtenido resultados tangibles” y advierte que es esta impunidad la que propicia la reincidencia en las prácticas observadas.
Seduzac, sin estados financieros por fondos que ingresó la UPSZ por proyectos con la Federación
David Eduardo Rivera Salinas, coordinador de Educación Media Superior y Superior, informó que los recursos que ingresó la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas (UPSZ), por concepto de proyectos convenidos con dependencias federales, no se encuentran en los estados financieros de la Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac).
En ese sentido, dijo que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya concluyó su procedimiento en esa institución, por lo que se espera conocer los resultados para deslindar responsabilidades respecto a los convenios aparentemente irregulares, los cuales son similares a los que suscribió la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), a través del ex director de Contaduría y Administración, Edmundo Guerrero.
Luego de conocer el resultado de la auditoría “podremos saber a quién se le puede deslindar y a quién se le puede fincar posibles responsabilidades, pero todo indica que existen redes de personas que actúan en todos los estados y todos se conectan con personajes que gestionan recursos en diversas ventanillas”.
Rivera Salinas comentó que en ese tipo de operaciones hay poco rastro, por lo que será importante el resultado que arroje la auditoría superior, porque “ellos son los que en realidad están descubriendo todo y ahí es donde tenemos que concentrarnos”.
“Nosotros presumimos que llevan dos contabilidades y lo que revisamos nosotros en los estados financieros contiene información solamente del gasto corriente, pero no aparecen esos 200 millones de pesos que bajaron este año. Parece que lo llevan en otras cuentas bancarias y a nosotros nos reportan solamente las que tienen que ver con el gasto del convenio financiero ordinario”, explicó.
Reiteró entonces que se espera el informe final de la auditoría, porque en ella se fincarán responsabilidades directas y seguramente serán señaladas las irregularidades en ese tipo de convenios.
A partir de ello iniciará el proceso de la ASF consistirá en solventar las observaciones, y en caso que ello no ocurra entonces se procederá conforme a derecho, mientras que la Seduzac revisará y recomendará medidas en la Junta Directiva, según expuso Rivera Salinas.
“Una vez que tengan los resultados, la Junta Directiva puede emitir recomendaciones o puede aplicar lo que establezca la ley que corresponde a los organismos públicos descentralizados, pero debemos actuar a partir de que lleguen los informes finales de la auditoría”, indicó.
Manifestó que aparentemente se trata de una red gestores financieros que ofrecen recursos a las instituciones y para ello simulan la realización de proyectos, pero “no podríamos decirlo como una conclusión o una realidad porque no tenemos los elementos y serán las auditorías las instancias responsables de señalar posibles irregularidades”.
