■ La empresa norteamericana da un plazo de 30 días a partir del 13 de enero; se afectaría a 11 familias
■ “Pero de ahí no nos vamos a ir”, expresa Moisés Guerrero, representante legal de los afectados
“Estamos viviendo un gobierno corrupto al cien por ciento, comprado. Nosotros como pobres como campesinos, como trabajadores mineros, no tenemos ningún respaldo. Vivimos sin autoridades en La Colorada, no tenemos ningún apoyo, nada más cuando están las votaciones andan detrás de nosotros (…) Pero lo que sí digo recio y quedito, que aunque sea debajo de los pinos, de los árboles, vamos estar haciendo nuestras viviendas, nuestros jacalitos. Pero de ahí no nos vamos a ir”, dijo Moisés Guerrero Pasillas, representante legal de las 47 familias originarias de La Colorada, Chalchihuites.
En otro más de los conflictos entre las empresas mineras con presencia en el estado y la población, y esta vez en vísperas de que del Tribunal Unitario Agrario resuelva un asunto entre Argentum Panamericana, SA de CV y la comunidad La Colorada de Chachihuites, el consorcio notificó ayer su decisión de dar por terminado el Contrato de comodato de viviendas a los habitantes de Nueva Colorada, a donde se había forzado a vivir a personas a las que antes, según han denunciado, las desalojaron y destruyeron las suyas para poder realizar su desarrollo minero.
Según se desprende de una de las notificaciones facilitada a este medio en registro fotográfico, la empresa norteamericana da un plazo de 30 días a partir del 13 de enero “para desocupar dicho inmueble”, y advierte a las personas que en caso de no hacerlo les será aplicada la cláusula 16 del citado contrato que les implicará el pago “de trescientos (300) días por todo el tiempo que dure en posesión del inmueble”.
De esta manera se quedarán sin hogar 11 familias, precisó Guerrero Pasillas en entrevista vía telefónica.
Antes el abogado que representa a la comunidad en el litigio ante el Tribunal Unitario Agrario, Lizandro Félix, había aseverado que el acto se realizó como una medida de presión, ya que el próximo primero de febrero se celebrará una audiencia ante la citada representación.
Informó también que ya se ha solicitado una medida cautelar “para evitar el desalojo por la fuerza que pretende hacer la empresa minera”.
Moisés Guerrero Pasillas relató que este 12 de enero personal de la Secretaria de Gobierno se presentó en La Nueva Colorada a visitar en sus domicilios a las personas, pero no así a quienes se encuentran confrontados legalmente con la empresa Argentum Panamericana SA de CV.
“El gobernador del estado es una persona que no ve por los pobres, no ve por su gente, no ve por su pueblo, él está enfocado a las empresas mineras. Ayer mandaron de la Secretaría de Gobierno a hacer un cuestionario, anduvieron casa por casa”.
El día 13 de enero Iván Jesús Barbosa Maldonado, apoderado de la empresa minera se presentó para informar solo a quienes mantienen un litigio contra la misma, la cancelación del contrato de comodato de las viviendas, pero también para notificar que los jefes de familia que las habitan fueron despedidos, dijo.
De manera inmediata los afectados se habrían trasladado a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, ubicada en la capital del estado, donde no fueron atendidos, denunció.
Estos hechos ocurren a pocos días de que se celebre una audiencia en el Tribunal Unitario Agrario en la que esperan los habitantes de La Colorada se anulen las escrituras que ha presentado el consorcio minero, se le mandate a reconstruir las viviendas que demolió y a indemnizar por los daños.
Guerrero Pasillas denunció que existe Juan Villegas, gerente de la mina es cuñado de Héctor Ramírez, un funcionario que trabaja en la secretaría de Gobierno del Estado de Zacatecas, “por eso nos tienen con la pata en el pescuezo”.
