El Ayuntamiento de Guadalupe informó este jueves la renuncia de Raquel Ortiz Sifuentes como secretaria general de Gobierno, cargo que ocupaba desde septiembre de 2024, de acuerdo con el boletín oficial. Ortiz Sifuentes presentó su renuncia de carácter irrevocable el 22 de julio, agradeciendo la confianza depositada durante sus ocho años de servicio en el municipio.
En su lugar permanece como encargado de despacho Ernesto Martínez Esparza, quien se desempeñaba como subsecretario de Gobierno y Vínculo Técnico. Martínez Esparza es licenciado en Derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas y cuenta con 15 años de experiencia en el servicio público. Según el comunicado oficial, el alcalde José Saldívar, agradeció los años de servicio de la exsecretaria y confió en que el encargado de despacho cumpla con sus funciones.
La renuncia se da luego de que, el 21 de julio por la noche, circulara en redes sociales un comentario de Ortiz Sifuentes desde su cuenta personal de Facebook respecto a las declaraciones del secretario de Gobierno del Estado sobre los avances de la investigación tras el hallazgo de 10 cuerpos en los municipios de Morelos, Pánuco y Saín Alto.
Raquel Ortiz Sifuentes ha ocupado diversos cargos en la administración pública estatal y municipal. Su trayectoria incluye su paso como abogada adjunta en la Notaría Pública Número 7 entre 1990 y 1996; directora del Área Jurídica en la Secretaría de Obras Públicas durante la administración de Ricardo Monreal (1998-2004); subsecretaria de Asuntos Jurídicos de la misma dependencia en el gobierno de Amalia García Medina (2004-2010); litigante independiente entre 2010 y 2016; y coordinadora de Asesores de la Secretaría General de Gobierno en la administración de Alejandro Tello (septiembre 2016-septiembre 2018).
En 2017, durante su gestión como coordinadora de Asesores, fue señalada por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) en la Recomendación 03/2017 por su participación en el desalojo de la comunidad de Salaverna, municipio de Mazapil. La CDHEZ acreditó violaciones a los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica de los pobladores, al constatar que el operativo del 23 de diciembre de 2016, encabezado por Ortiz Sifuentes y el entonces alcalde Julio César Chávez, incluyó bloqueos de acceso, intromisión en domicilios y demolición de viviendas, la iglesia y la escuela de la comunidad, sin orden judicial. El desalojo se realizó, según la investigación, para beneficiar a la mina Tayahua del grupo Frisco, propiedad de Carlos Slim Helú. La recomendación fue aceptada por el procurador y el secretario de Seguridad Pública, pero rechazada por la entonces secretaria general de Gobierno, Fabiola Torres Rodríguez, quien fue citada a comparecer ante la Legislatura.
