Con base en investigaciones realizadas en varias entidades de la República, un elemento fundamental de las redes de macrocriminalidad es la relación del poder político con los grupos criminales, en la que los gobernadores no son captados, sino que son integrantes de estos, afirmó Luis Daniel Vázquez Valencia, coordinador del doctorado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Expuso que las redes de macrocriminalidad tienen cuatro características y la principal es que está conformada por la estructura criminal, la empresarial y la política, esta última fundamental para lograr que se desvíen los procesos de investigación y que los hechos delictivos no sean investigados.
“Por eso es que muchas veces en esas redes encontramos gobernadores, fiscales, cuerpos de policía y ahora, con sucesos como la masacre de Allende y la de Ayotzinapa, regimientos militares”, expresó.
La segunda característica es que cometen múltiples delitos, el más conocido el narcotráfico, pero también tienen redes de trata de mujeres, trabajo esclavo, trata de migrantes, sistemas de extorsión, cobro de piso y otros delitos relacionados con la corrupción por la relación entre la estructura política y la criminal.
La tercera característica, agregó, es que tienen múltiples tipos de víctimas, lo que obedece a que son muchos los delitos que cometen. Esto se evidencia, por ejemplo, en las técnicas de desaparición, es decir, “desaparecen de forma diferenciada dependiendo si se trata de una mujer que era rehén de una red de trata o si es un enemigo político o alguien de otro cártel”.
De acuerdo con Vázquez Valencia, la última característica, la cual ayuda a comprender lo ocurrido en Zacatecas el fin de semana pasado, es que estos grupos tienen gobernanza criminal, lo que significa que tienen capacidad de gobierno en los territorios que controlan, por ejemplo, tener cierto número de policías municipales a su cargo, controlar procesos de licitación y a los presidentes municipales, determinar tipos de patrullaje e incluso intervenir en la procuración de justicia.
Cuando gobernadores
son parte de las redes
no lo son de forma
subordinada, sino que
tienen capacidad
de decisión
Por tanto, refirió que las redes de macrocriminalidad tienen un impacto nacional en la política de seguridad y procuración de justicia y en la medida en que éstas quedan en manos de la gobernanza criminal, no se puede pensar en un Estado democrático y social de Derecho.
Por tanto, la gobernanza criminal de estas redes es la que les permite llevar a cabo acciones como las realizadas en Zacatecas el fin de semana pasado, pero esto va más allá porque en lugares como Michoacán tienen el control sobre la distribución del aguacate; en Guerrero, la de pollo, y en Zacatecas, sobre la venta de alcohol en algunos municipios.
Al respecto, expuso que en México hay 10 cárteles con capacidad de gobernanza criminal y más de 500 células armadas, lo que significa que hay una fuerte fragmentación de la violencia en el país.
Vázquez Valencia, quien impartió en la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) el taller “Captura del Estado, macrocriminalidad y derechos humanos”, dijo que la relación entre el poder político y el crimen se desarrolló y consolidó durante el régimen del partido hegemónico.
“Ahí se construyó lo que conocemos como ‘paz narca’ que tiene un decálogo de cosas que no se pueden hacer, por ejemplo, evitar la violencia, no entrar en escuelas primarias, que las ganancias se reinvirtieran en el país, que no se castigaran los errores con sangre y respeto a los territorios”, indicó.
Precisó que ello fue posible en un régimen donde el poder político está centralizado en el presidente y éste mantiene a raya a los diversos cárteles, pero con la alternancia se fragmentó el poder político y, en consecuencia, el presidente perdió la capacidad de administrar la relación entre el poder político y el crimen; los gobernadores, fiscales y jefes de la policía cobran más relevancia.
Durante el gobierno de Felipe Calderón, comentó, se intentó implementar “la paz de los sepulcros” y para ello se utilizó a la Marina y grupos paramilitares para exterminar a Los Zetas.
Vázquez Valencia informó que “en las redes que hemos documentado, en particular en Veracruz y Coahuila, entre 2004 y 2018, los gobernadores aparecían en la red de criminalidad. No tengo esa evidencia en Zacatecas para decir que el gobernador es parte de la estructura, pero si lo fuera es probable que use el brazo armado del cártel para echar a andar algún megaproyecto”.
Detalló que en esas investigaciones se documentó que, “cuando los gobernadores son parte de la red de macrocriminalidad, no lo son de forma subordinada, sino que son integrantes muy importantes que tienen capacidad de decisión en la administración de la propia red y en algunos casos se convierten en personajes importantes para comunicar a distintas estructuras de la red”.
En México hay 10
cárteles y más de
500 células armadas
“Nosotros empezamos la investigación con un marco teórico que era sobre captura del Estado porque dábamos por hecho que los principales nodos de la red iban a ser criminales y que estos tenían la capacidad de capturar a los gobernadores. Después de terminar el trabajo de campo no fue así, los gobernadores tienen mucha capacidad de decisión, eran los nodos más conectados, tenían mucha capacidad de administración de la red y daban muchas órdenes”, expuso.
En esa estructura política, comentó que hay una diferencia importante entre el papel que tienen los gobernadores, fiscales, los jefes de las policías, presidentes y policías municipales, porque en estos sí se presenta un proceso de subordinación a los cárteles incluso bajo dinámicas violentas.
En ese contexto, Vázquez Valencia consideró que la única alternativa consiste en que haya un acuerdo en la máxima esfera política para impulsar un cambio y elaborar un programa de construcción de paz que supone desmovilización, desarme y reinserción social, a nivel local, de las más de 500 células armadas.
Junto con ese proceso, dijo que se deben reconstruir las economías locales de los lugares en donde la economía se fundamenta en el narcotráfico y la guerra e iniciar un proyecto de reconstrucción social, además de reconstituir los cuerpos de policía, ya que la mayoría son inoperantes y muchos de ellos son parte de una red de macrocriminalidad.
