En un documento que ha circulado en días pasados las 10 carteras que conforman el comité ejecutivo, con independencia de la Secretaria General, indican que en el estudio que elaboró la cartera de Asuntos Laborales respecto a las modificaciones ilegales al contrato colectivo de trabajo UAZ-SPAUAZ se reportan 21 alteraciones en 19 cláusulas. Señalan que cuando arribaron a sus cargos desconocían, como seguimos sin conocer los agremiados, la situación de fondo. Después de reprobar la agresión contra el contrato exigieron explicaciones (¿a quién?) que, al no ser obtenidas, los enardeció e indujo a tomar la Torre administrativa de la UAZ para pedírselas al rector. Lo que les explicó permanece en el misterio pero en la reuniones que acordaron lograron “resarcir casi todo el clausulado”. Se sigue de lo anterior que, si se les dio a los integrantes de las carteras alguna explicación no la han compartido y que no lograron el restablecimiento pleno del contrato porque algunas cláusulas permanecen corrompidas. Mostrarse, al menos en el papel, independientes de la Secretaria General, les permite introducir una contradicción en lo que de otra manera sería un plácido y triunfal discurso del secretario general del SPAUAZ. Veamos por qué. En el informe que presentó Pedro Martínez Arteaga ante un auditorio de 45 personas (excluyendo a los empleados del SPAUAZ), con un grupo de 23 manifestantes impugnándolo y pidiendo su renuncia a la entrada del Teatro Calderón, en las páginas 14-15 correspondientes al informe del “Departamento Jurídico”, se dice que “Se encontraron 22 cláusulas y transitorias modificas (sic), de las cuales 16 cláusulas y transitorias lesionaban los derechos del personal académico”, he aquí la primer desavenencia: ¿ en el estudio del “Departamento Jurídico” son 22 cláusulas y transitorias modificadas mientras que en el minucioso estudio de la Cartera de Asuntos Laborales son 19 cláusulas alteradas con 21 variaciones? Bien, continuemos. Se dice en el informe que las mesas de trabajo fueron entre la rectoría y el secretario general y sus apoderados legales y que como resultado de esas reuniones se tuvo que el 7 de mayo el contrato se depositó en la Junta Local “con las reivindicaciones en todas y cada una de las cláusulas y transitorias que sufrieron modificaciones y que atentaban los derechos de los académicos y jubilados”. O sea que se restablecieron “16 cláusulas y transitorias” porque sólo esas agredían a los sindicalizados, por lo que se infiere que 6 cláusulas no lesivas permanecen ahí. Vemos de inmediato la segunda contradicción: ¿Sólo el secretario general logró restablecer el contrato o fue todo el comité?, los miembros de las 10 carteras aducen que el secretario general no quería la toma de la rectoría, pero después es el principal actor, al menos en su narrativa triunfalista. En lo que ambos coinciden es en que no todas las cláusulas fueron restituidas lo que de por sí es ya violatorio de los Estatutos y atenta contra los principios que organizan al SPAUAZ, en particular al de la más amplia democracia en la toma de decisiones porque, si como reconoce el “Departamento Jurídico” en el informe, en esas mesas se hizo una revisión del clausulado tuvo lugar al margen del procedimiento legal, y el comité ejecutivo se tomó atribuciones que corresponden a la Asamblea General. Mostremos que es falso el argumento que a veces sostienen las 10 carteras por su lado y en video el secretario general, que el criterio que se tomó para mantener las cláusulas no fue el de que con ellas se beneficia a los sindicalizados, y de paso enfaticemos que son los miembros de esas 10 carteras los que acusan al secretario general de haber alterado el contrato (no el aberrante truhán Rolando Alvarado Flores, difamado por Pedro Martínez en la página final de La Jornada Zacatecas del pasado viernes 25). Es constatable en el informe que las cláusulas no lesivas que encontró el Departamento Jurídico son 6, mientras que el secretario general en el video referido alude a 3 (aunque en el informe se mencionan sólo 2) que por su arbitraria decisión se mantienen en el contrato, es claro que si había 6 no lesivas, pero se retuvieron apenas 3, el criterio para retenerlas no fue que son beneficiosas. Recordemos que las 10 carteras sostienen que el secretario general puede firmar y registrar el pacto colectivo, pero no tiene facultades para modificarlo, así que es claro que también se deslindan de las modificaciones que permanecen en el contrato, por lo que la responsabilidad de que ahí queden es del secretario general, Pedro Martínez Arteaga. Permanecen misterios: ¿Por qué si el emplazamiento a huelga concluye en febrero se registra el contrato hasta mayo?, ¿de verdad no sabía de las subrepticias modificaciones perpetradas por Crescenciano Sánchez el secretario de Asuntos Laborales Pedro Martínez Arteaga? No es prueba plena en su descargo que haya renunciado en abril, porque eso implica sostener que las modificaciones tuvieron lugar entre el momento de su renuncia y el 17 de mayo, cosa que no tiene manera de demostrar, además, recordemos también, que él retomó su posición en la cartera de Asuntos Laborales para difamar a las enfermeras y médicos que habían tomado el campus Siglo XXI. ■
Confusión, contradicción. Ley
