En 2013 Banobras, dirigido en ese momento por Alfredo del Mazo Maza, cercano al grupo Atlacomulco del que forma parte el presidente Enrique Peña Nieto, otorgó un contrato al grupo Higa por mil 300 millones de pesos para construir un tramo de la autopista de Guadalajara. Hace unos días el periódico Reforma descubrió ese contrato. Hay varios problemas aquí. Veamos.
Primero. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) vigente dispone en el artículo 7º fracción XIII que: “Con excepción de la información reservada o confidencial prevista en esta ley, los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar, en los términos del reglamento y los lineamientos que expida el instituto o la instancia equivalente a que se refiere el artículo 61 (…) la información siguiente: (…) Las contrataciones que se hayan celebrado en términos de la legislación aplicable detallando por cada contrato: a) Las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y los servicios contratados; en el caso de estudios o investigaciones deberá señalarse el tema específico; b) El monto; c) El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quienes se haya celebrado el contrato, y d) Los plazos de cumplimiento de los contratos”.
Respecto a esta información, que es pública de oficio –es decir, sin necesidad de que nadie la solicite–, Banobras ha invocado el “secreto fiduciario” previsto en el artículo 14, fracción XII. La primera pregunta central reside en saber si la figura del “secreto fiduciario” encuadra en la hipótesis para reservar esa información por 12 años. Es menester señalar que los fideicomisos (denominados trusts en Estados Unidos) se dividen en privados y públicos. El fideicomiso público se encuentra definido en el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que señala. ■
*Análisis completo en la página web de Proceso
@evillanuevamx
