Ante los elevados niveles de impunidad en los delitos de corrupción, el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar planteó una reforma estructural al sistema de fiscalías anticorrupción, tanto en el ámbito federal como estatal, con el propósito de fortalecer sus capacidades de investigación y lograr que los casos lleguen a los tribunales, deriven en sanciones y permitan recuperar los recursos públicos desviados.
El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados sostuvo que el modelo vigente se encuentra agotado y que, en distintas entidades, las fiscalías especializadas han carecido de autonomía, presupuesto y personal suficiente para investigar redes de corrupción vinculadas con funcionarios y grupos de poder.
“Urge una reforma estructural de las fiscalías anticorrupción. No podemos seguir teniendo instituciones subordinadas a los poderes en turno, incapaces de investigar y sancionar a quienes utilizan los recursos públicos para beneficio personal o de grupos de poder”, afirmó.
Como parte de los temas que, dijo, deberán ocupar un lugar prioritario durante el nuevo periodo legislativo, Ramírez Cuéllar señaló que uno de los principales problemas del sistema es la distancia entre las denuncias presentadas y las sentencias obtenidas.
Citó como ejemplo que en 2022 apenas 0.2 por ciento de las investigaciones iniciadas por fiscalías anticorrupción estatales terminó en una sentencia, situación que, consideró, evidencia las limitaciones institucionales para llevar los expedientes hasta los tribunales.
“La decepción ciudadana es grande. No podemos normalizar que miles de denuncias terminen sin consecuencias. Cuando la corrupción no se castiga, la impunidad se convierte en un incentivo para seguir abusando del poder”, señaló.
Entre las propuestas se encuentra el fortalecimiento de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República, mediante mayores niveles de autonomía técnica, operativa, presupuestaria y de gestión, además de recursos suficientes, planeación propia, profesionalización del personal y mecanismos de evaluación de resultados.
El legislador planteó también la conformación de equipos multidisciplinarios integrados por fiscales, analistas financieros, especialistas en contrataciones públicas y personal capacitado para investigar operaciones patrimoniales y financieras complejas.
La finalidad, explicó, sería seguir el rastro de los recursos, identificar redes de corrupción, establecer responsabilidades y facilitar la recuperación del dinero público.
El planteamiento incluye además una reforma a las fiscalías anticorrupción de las entidades federativas, al considerar que éstas desempeñan un papel fundamental en la investigación de actos cometidos en los gobiernos estatales y municipales.
Ramírez Cuéllar sostuvo que fiscales y auditores deben contar con independencia respecto de los gobiernos en turno y no convertirse en subordinados de los poderes públicos.
“Necesitamos con urgencia reconstruir todo el sistema de auditorías y de fiscalización en el país”, afirmó, al advertir que la lucha contra la corrupción requiere desmontar las relaciones de complicidad que permiten que irregularidades administrativas o desvíos de recursos no sean investigados o terminen sin consecuencias.
También propuso modificar el procedimiento para designar a la persona titular de la Fiscalía Especializada, mediante un proceso público y transparente, con participación ciudadana y evaluación de méritos, cuya designación requiera la ratificación del Senado de la República.
De acuerdo con el legislador, este mecanismo permitiría reducir la discrecionalidad y garantizar que la Fiscalía sea encabezada por una persona con experiencia y capacidades para investigar incluso a funcionarios que ocupen posiciones de poder.
El diputado vinculó la discusión sobre el combate a la corrupción con la eliminación de privilegios que, a su juicio, pueden convertirse en obstáculos para la aplicación de la justicia.
“El fuero en muchos sentidos se ha convertido en una fuente de impunidad”, sostuvo, al plantear la eliminación de mecanismos que permitan a servidores públicos evadir la acción de la justicia.
La dimensión del problema también se refleja, señaló, en la percepción ciudadana. Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2025 del Inegi, 84.1 por ciento de la población considera que los actos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes.
Para Ramírez Cuéllar, el objetivo de una eventual reforma no debe limitarse a incrementar el número de carpetas de investigación, sino a conseguir resultados concretos: judicialización de los casos, sanciones, recuperación de recursos y desarticulación de las estructuras que permiten la corrupción.
“México necesita fiscalías independientes, profesionales y con capacidad real para investigar, sancionar y recuperar el dinero de la ciudadanía. La impunidad no puede seguir siendo la regla”, concluyó.
