El debate en torno al IMSS-Bienestar ha tendido a confundir los problemas propios de su implementación con supuestas fallas de origen en el modelo. Sin embargo, más que un diseño equivocado, lo que hoy enfrenta el sistema es la resistencia de estructuras e intereses que durante décadas se beneficiaron de un esquema fragmentado de atención a la salud. Distinguir entre ambos planos resulta clave para evaluar con justicia el alcance y los límites de la reforma sanitaria en curso.
Desde esa perspectiva, el análisis del IMSS-Bienestar no puede reducirse a una lectura de resultados inmediatos, sino al tipo de transformación estructural que se intenta impulsar y a los obstáculos que dicha transformación activa. El Programa Sectorial de Salud 2025–2030 reconoce que el fortalecimiento del sistema nacional de salud requiere consolidar al OPD IMSS-Bienestar como eje de atención para la población no derechohabiente. Por su parte, el Programa Institucional IMSS-Bienestar 2025–2030 sostiene que el organismo trabaja ya en la construcción de un sistema inclusivo orientado a transformar la atención de 53.5 millones de personas sin seguridad social. La diferencia no es menor: mientras un documento asume una tarea aún inconclusa, el otro presenta un horizonte que el Estado se atribuye como proceso en marcha.
Esta narrativa se inscribe en la promesa gubernamental de avanzar hacia un Sistema Universal de Salud mediante el intercambio de servicios entre instituciones, anunciado como un “golpe de timón” en la política sanitaria. No obstante, más allá de su formulación normativa, el IMSS-Bienestar implica un reordenamiento profundo de funciones, recursos y control institucional. Y es precisamente ahí donde se explican muchas de las tensiones que hoy acompañan su implementación.
Las principales resistencias no responden a una lógica estrictamente partidista, sino a la afectación de intereses históricamente consolidados en el sector salud. Uno de esos frentes son los organismos estatales de salud. La federalización implica para los gobiernos locales —sin distinción de signo político— la pérdida de control territorial, presupuestal y administrativo sobre los servicios sanitarios. Durante años, esa gestión local permitió no solo operar políticas públicas, sino también administrar contratos de servicios, como el mantenimiento de unidades médicas, hoy sujetos a revisión o cancelación. Un modelo que reduce márgenes discrecionales y centraliza decisiones resulta, por definición, incómodo.
Un segundo foco de resistencia se encuentra en el ámbito sindical. La centralización de la nómina y la redefinición de las relaciones laborales alteran mecanismos tradicionales de presión política y debilitan esquemas de intermediación corporativa que durante décadas formaron parte del entramado institucional del sector. No se trata de un conflicto menor: toca prácticas arraigadas en la asignación de plazas, la negociación política y la reproducción de liderazgos sindicales.
El tercer actor es la industria farmacéutica, quizá el más reactivo al nuevo esquema. La reorganización de los procesos de compra y distribución de medicamentos rompe con inercias marcadas por la opacidad, la especulación y la fijación discrecional de precios. Un sistema que apuesta por la centralización de compras y la transparencia no solo introduce cambios administrativos: altera intereses económicos profundamente arraigados.
Leídas en conjunto, estas resistencias permiten una interpretación distinta del debate público. Más que evidenciar un fracaso del IMSS-Bienestar, muestran que el modelo toca fibras sensibles del sistema de salud tal como operó durante décadas. Que las fricciones se presenten tanto en entidades gobernadas por la oposición como en aquellas encabezadas por fuerzas políticas afines al gobierno federal confirma que el conflicto no es ideológico, sino estructural.
En este contexto, resulta pertinente subrayar un acierto en el arranque del nuevo sexenio. La presidenta Claudia Sheinbaum ha optado por colocar en posiciones estratégicas a perfiles con trayectoria técnica probada, ajenos a la lógica tradicional del reparto político. Tal es el caso de Eduardo Clark, politólogo y especialista en innovación digital, cuya experiencia fue determinante en la gestión de datos, monitoreo epidemiológico y toma de decisiones durante la pandemia de COVID-19 en la Ciudad de México, cuando Sheinbaum se desempeñaba como jefa de Gobierno.
Más allá de filiaciones partidistas, este tipo de nombramientos refleja una apuesta por la eficiencia operativa y la gestión basada en evidencia, particularmente en un sector donde la improvisación suele traducirse en costos humanos. En un sistema de salud en proceso de transformación, la profesionalización de la gestión pública no es un detalle menor, sino una condición de viabilidad.
El futuro del IMSS-Bienestar dependerá de la continuidad real de las inversiones públicas, de una coordinación efectiva entre actores y del compromiso del personal de salud. Pero también de la capacidad del Estado para sostener el rumbo frente a intereses que ven amenazados sus espacios de control. La transición hacia el modelo MAS-BIENESTAR no puede entenderse únicamente como una reforma administrativa: implica un cambio cultural y social orientado a que la salud deje de gestionarse como una prestación condicionada y se asuma, en los hechos, como un derecho universal.
Ahí se encuentra la verdadera disputa: no entre partidos o gobiernos, sino entre dos formas de concebir la salud pública, como botín político o como derecho social.
Mtro. Jaime Enrique Cortés Acuña
