Lo que se ha llamado ‘rendición de cuentas’ y ‘transparencia’ son mecanismos para hacer público la acción de gobierno. Debe sonar un poco extraño porque equivale a pretender ‘hacer público lo público’. Resulta que los gobiernos actúan sin sentido de lo público cuando los gobernantes toman decisiones que no sabemos por qué razón las tomaron. Esto es, la decisión de un gobernante es ‘pública’ no sólo cuando se conoce en los medios lo que decidió, eso ocurre en todas las decisiones de los gobernantes. Incluso de un rey medieval se conocían por todos, las decisiones que había tomado. Por tanto, la publicidad no hace pública una decisión. Una decisión es pública cuando todos conocer y comparten las razones por las cuales se tomó. Esto es, una decisión es privada cuando son motivos personales lo que la provocaron. Y es pública cuando los motivos son no personales, sino que ‘cualquiera’ hubiera decidido algo similar porque se guía por intereses y razonamientos comunes a todos los implicados. Por eso, lo esencial de la rendición de cuentas es que los gobernantes expliquen y doten de razón a sus decisiones. En resumen: una decisión es pública si está motivada por un acto de razón que, por ser tal, todos vamos a compartir.
Los actos de gobierno deben estar abiertos a todos: es como si las oficinas estuvieran ubicadas en la plaza pública y ahí todos pudiéramos escuchar lo que se dice y ver lo que se hace. Las acciones de gobierno son de interés público, por tanto, todos deben saber de ellas: qué se hizo, quién lo hizo, cómo lo hizo. Y para hacerlo, pues contamos ahora con instrumentos tecnológicos privilegiados para eso: los medios digitales. Esto es, es como un salón donde todos podemos entrar sólo con empujar una puerta, apretar un clic. Y ver las acciones en documentos, que son los reductos de los actos administrativos perennes.
Pues bien, el reto es que esto que arriba mencionamos no se ha logrado: la plena condición pública de los actos de gobierno. La administración pública ha generado mecanismos para obligar a los actores institucionales a hacer públicos sus actos, porque no es un comportamiento espontáneo en ellos. Para eso son las leyes: obligan a los funcionarios mientras pasan a naturalizar esa conducta. Si fuera algo ‘natural’, no habría necesidad de leyes sobre transparencia. Se tiende a la opacidad: a dejar en criterios privados las decisiones públicas y a ocultar los propios actos administrativos. Con la transparencia se abre el gobierno a la mirada de todos. Y el poder de la mirada hace lo suyo: todos construyen su comportamiento por la mirada de los otros, y los actores institucionales no son la excepción. La mirada moldea: nos convierte en seres éticos o dotados de deberes. La mirada pública nos obliga a actuar de acuerdo con el deber. Y hacerlo nos convierte en criaturas racionales. En suma: la transparencia y la rendición de cuentas es la racionalización de los actos de gobierno. y suponemos que esto es armonizar a la administración pública con la justicia.
