Las investigaciones del Dr. Luis Daniel Vázquez Valencia sobre el tema, objeto de este breve texto, nos permiten formarnos un marco que conviene mejor a las evidencias, al ofrecer herramientas conceptuales para aprehender la complejidad propia de procesos centrales para caracterizar nuestro entorno. Al elaborar las relaciones entre esos conceptos, nos permite una mejor “adecuación” –o un mejor “ajuste”- entre la teoría y la realidad que se aborda con la intención de dar cuenta y razón del modo de organización de nuestra sociedad, especialmente en un período en donde la situación mundial -y nacional- contemporánea entra, con sus diferentes contextos, incluyendo la realidad mexicana que es la que analiza, en una fase crítica cada vez más antinómica, frente a aquellos proyectos que intenten impulsar un efectivo bienestar social y una democratización efectiva de la vida política, (“la realidad resiste” y sigue su curso histórico en sentido -visiblemente- contrario a nuestras expectativas, habitualmente ligadas a una cierta idea de “progreso” que puede ser justificada y razonable, o de plano, volar como ensoñaciones sin ningún anclaje en el mundo real); si pudiéramos correr la película en cámara rápida de las últimas décadas, a nivel territorial o sectorial- constataríamos esa deriva, y con distintas variables, lo veríamos con toda su fuerza y su crudeza tendencial, en las proyecciones propias de la modelización, cruzando variables y escenarios, con diversos ejes, tales como el tema del cambio climático y los eventos climáticos extremos, el agua y la crisis hídrica, la carrera armamentista y la proliferación de nuevas guerras, la destrucción de la biosfera, el pico del petróleo, el neoextractivismo, entre otros.
Partiendo de cómo las élites económicas y políticas utilizan al Estado para satisfacer sus propios intereses, Luis Daniel emplea el concepto de macrocriminalidad, incluyendo con el mismo, a las redes conformadas entre sectores de la clase política en el gobierno, sectores de los empresarios y de la delincuencia organizada, que capturan segmentos del Estado; y, operando mediante tales redes, utilizan las estructuras estatales para beneficiar sus intereses particulares, en desmedro del interés público o común.
Otro autor Gabriel Tokaltian, había apuntado, basado en otros autores, la forma en que, con este tipo de cursos de acción, se estaría entronizando el despliegue de un “orden crimilegal”, en donde se transita de una fase depredatoria, hasta una fase donde se consolidan estructuras simbióticas, entrelazando en una “lógica borrosa” intereses y formas de articulación entre lo criminal y lo legal, que convierten la cuestión crucial de cómo podemos vivir juntos, mejorando las condiciones de vida de las mayorías, abatiendo las terribles desigualdades sociales, democratizando el acceso a las decisiones que afectan nuestras vidas –individual y colectivamente, en cuestiones donde como el cangrejo, a pesar de lo que se haga y lo que se diga, vamos –objetivamente- en franca reversa frente a lo que sostienen la mayoría de las promesas con que la retórica al uso pretende mantenernos ilusionados. Y es justamente para intentar desentrañar los resortes o las raíces causales de esas estructuras simbióticas (crimilegales) que se mantienen cuasi-impermeables a los esfuerzos por erradicarlas, que cobra todo su sentido e importancia el tipo de trabajo que reseñamos en esta ocasión.
Apuntaría dos últimos aspectos relevantes. El primero relacionado con los problemas que se generan cuando se pretende operar con el concepto de captura o cooptación del Estado, en realidades a escala local, donde el dominio de los poderes fácticos es tal, que se podría señalar mejor con el concepto de disputa por la soberanía, esto sucede en territorios donde prácticamente ese tipo de poderes fácticos imponen su propio orden, subsumiendo el Estado de Derecho, y sus dinámicas.
Para cerrar, estaría el alfa y el omega de esta aproximación teórica, la pregunta de cómo descapturar el Estado, cuando está siendo cooptado por estas redes de corrupción y macrocriminalidad, y aquí lo que enfatiza el autor es que el descapturarlo no implicaría transitar directamente a un Estado social y democrático de derecho. En efecto, lo inmediato -y previo- más importante en esos casos, es que el Estado no esté dominado por tales poderes fácticos. Y en la medida en que eso se logre, podría entonces desbloquearse la vía para otro tipo de emprendimientos políticos, abriendo la posibilidad de profundizar la “democratización” de las democracias corruptas que estamos cada vez más -desgraciadamente- “normalizando”.
Podemos estar -o no- de acuerdo con los resultados de estas investigaciones, que de manera general, aunque con claves de lectura diferenciadas, conectan con los estudios sobre la gobernanza informal –que recientemente revisamos gracias a un Encuentro Virtual con la Dra. Claudia Báez-Camargo del Instituto para la gobernanza de Basilea, lo fundamental de estas aportaciones -a mi juicio- es que nos sacan de la repetición de “esquemas imaginarios” en los que continuamos inmersos (nuestros marcos mentales) que repiten más o menos similares lecturas simplistas, o maniqueístas, incluso “sistémicas” que no nos permiten avanzar de manera más profunda y amplia en la aplicación de la agenda anticorrupción.
Habría que explorar, si para clarificar posiciones y debates, sería productivo retomar la distinción castoriadiana, y diferenciar entre lo político y la política. Con “lo político”, este pensador hace referencia a una perspectiva que se limita a ver dentro de las relaciones de poder sistémicas, establecidas, hay cambios en esas relaciones de poder, pero sin modificar la “axiomática” dentro de cuyas fronteras operan; lo político se puede centrar en la capacidad de imponer las normas, y en general el poder, por parte de quienes lo detentan o quieren acceder a él, sin cambiar el sistema de funcionamiento con el que operan ese poder, cerrando el acceso a los procesos de democratización más profundos y amplios; mientras que “la política” implicaría el impulso instituyente para abrir mediante la democratización y nuevas normas –leyes-, el camino a formas de vida donde la democracia sea un proyecto de vida, (un régimen), y no un conjunto de instituciones y normas, reducidas a lo puramente procedimental o peor. En las condiciones caracterizadas por los problemas arriba expuestos, debemos –sin duda- (re)pensar la política.
