En la entrega anterior quedó claro: actividades económicas ilícitas, corrupción y narcotráfico conforman un conjunto de relaciones que estructuran al crimen organizado. Esas relaciones se construyen, desarrollan y reproducen en escenarios que lastiman y laceran, de muchas maneras, a grandes sectores de la sociedad y representan mecanismos (psicológicos, económicos, políticos, sociales e ideológicos) que contribuyen a que la riqueza se acumule y centralice en las naciones imperialistas, principalmente en EEUU. El modelo económico neoliberal es el que mejor secreta y se sirve de ese ADN criminal.
Sucesos terribles y no imaginados (como Ayotzinapa, el asesinato de Colosio, los montajes de Loret de Mola, las corruptelas del líder nacional del PRI o de Ricardo Anaya, etc.), se ven como hechos fortuitos, casuales y aislados. Meras trampas ideológicas que impiden ver profundo, lejos y motivar a la transformación social.
El hecho en sí, la multiplicidad de sus conexiones e interacciones, no se presenta transparente y de buenas a primeras. La ciencia no tendría razón de existir. Hagamos el desglose y matización de las conclusiones vertidas en el primer párrafo:
El crimen organizado tiene tres componentes básicos de asociación delictuosa: Primero, las actividades económicas ilícitas; segundo, el hábito de la corrupción empresarial o institucional y tercero, el narcotráfico. De pocos hechos hay información pública necesaria y suficiente, como Ayotzinapa, para mostrar con claridad el cruce de esos 3 componentes y llegar a la conclusión inédita de “Crimen de Estado” (concepto político-legal).
La profundización del análisis económico y sociológico permite trascender esa necesaria y afortunada conclusión del Gobierno de la 4T. Observar las relaciones implícitas menos finitas, amplias y profundas, del “hecho en sí”, permite comprender la existencia de un modelo social que, sin frontera alguna, cumple una función criminal como parte de las necesidades de incrementar la ganancia, acumulación y concentración de riqueza.
Digámoslo así: El Gobierno de AMLO reconoció un Crimen de Estado. Ahora, sus investigaciones permiten corroborar, ineludiblemente, la existencia (en el gobierno PRIísta de Peña Nieto, con los PANístas Calderón y Fox) de un “GENOMA CRIMINAL” que durante todo el neoliberalismo funcionó, en unidad indisoluble y admirable coordinación, entre criminales de la droga con criminales de los 3 poderes y niveles de gobierno en actividades económicas de narcotráfico de México a Estados Unidos.
Un serio análisis del crimen organizado y del clima de inseguridad en México sólo se puede hacer partiendo de reconocer que estos son fenómenos resultantes de una economía capitalista imperial fundada, funcionando y expandiéndose sobre la base de la máxima ganancia, por encima de cualquier ley, norma moral o ética. Incluso, haciendo uso de la fuerza, el arrebato y la violencia. Todas las relaciones de producción, circulación y consumo están tejidas para acrecentar su capital por encima de cualquier costo humano.
De la estructura económica criminal básica hay estructuras secundarias subordinadas. E igual, una estructura nunca se muestra plena y homogénea. A su complejidad interna se le aparece el ropaje ideológico, político, jurídico, que le corresponde, retroalimenta su existencia y funcionamiento. Parte de ese ropaje está en el discurso ideológico de la comunicación y de los políticos que forman parte, o coadyuvan, con la economía criminal.
Resultará obvio afirmar que la economía de la criminalidad es un segmento subordinado al funcionamiento general de las leyes del capitalismo globalizado actual. Sus defensores más conservadores tienden a hacer apología de sus métodos de crecimiento y desarrollo. Todo proyecto nacional que derrumbe sus propósitos, como el caso de la 4T, los hace coincidir política e ideológicamente con el crimen organizado, incluyendo el argumento de que la inseguridad crece y que el país “está en llamas”, justo usan sus propios efectos como “argumento”.
Nada impide suponer que personajes tan corruptos de la oposición, y algunos colados en la 4T, superarían con creces a Murillo Karam, a García Luna, al general Rebolledo, Felipe Calderón y otros. Por aún no ocupar los mismos cargos de gobierno no se han podido mostrar al mundo.
Dato importante es no olvidar que comportamientos criminales no dejan de serlo por el hecho de que se cometan por grandes empresarios o encumbrados políticos y funcionarios. Nuestras leyes, sumadas a los “usos y costumbres” clasistas de aplicarlas, son generadoras de una ideología que ve “normal” que la policía encarcele a un pordiosero por robar una galleta para comer. Ve “normal” que “Alito” Moreno, Cabeza de Vaca, Ricardo Anaya y etc., tengan de sobra para comer en un fino y elegante restaurant. Igual de “normal” se ve que connotados empresarios oculten negocios sucios, evadan impuestos y hasta reciban inyección de recursos. Y, “normal” es verlos fuera de la cárcel.
En ese enfoque, conviene aceptar que los actos criminales son acciones socialmente indeseables, graves y reprobables que tienen serias repercusiones directas, indirectas, mediatas o inmediatas en el funcionamiento social.
