Si no fuera media mañana, y una tan soleada, el despoblado sería incómodo. Llegar a una instalación sin ancla directa en Google Maps y donde la recepción de teléfono queda bloqueada apenas al cruzar un portón, noquea la orientación. En teoría no entra señal que no sea bienvenida, pero adentro la telecomunicación es permanente.
Los elementos básicos de un panóptico se cumplen. Su ubicación, inabarcable a la vista humana, hace que la “torre de vigilancia” se levante sobre decenas de pantallas cuya función es transmitir en tiempo real lo que pasa en las 50 aduanas del país. “Vamos contra el reloj, los tiempos para nosotros son minutos”, dice un funcionario vestido de negro que le inyecta todo el espíritu policial al Centro de Procesamiento Electrónico de Datos (CPED), un área de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) que existe desde hace 14 años, que busca potenciar su materia prima –los datos– para volverse engrane esencial de la estrategia de seguridad nacional.
La Jornada estuvo en este centro, que recibe delegaciones de dependencias nacionales e internacionales para el intercambio de información y prácticas. El objetivo del trabajo es la detección del contrabando de todo tipo, con uno de sus énfasis en el de combustible, conocido como huachicol fiscal.
Las aduanas son también una fuente recaudatoria, por ellas pasa casi una quinta parte de los ingresos públicos del país, pero la suma de “fenómenos atípicos”, como los define el funcionario –no es identificado por su nombre debido a la naturaleza de su trabajo–, les ha dado una centralidad donde la revisión en sitio pasa por binomios caninos y laboratorios, así como escáneres de alta tecnología y videovigilancia; estos dos últimos se replican en tiempo real desde el CPED.
Cinco minutos
Todos los elementos de aduanas, tanto los que se encuentran en el sitio, como los apostados en el CPED, tienen sólo cinco minutos para identificar alguna irregularidad en el paso de mercancías, de manera que no se interrumpa el despacho aduanero. Un adelanto de lo masivo de la operación son los más de 20 mil camiones y 5 mil 700 pipas que, en promedio, cada día cruzan la frontera norte a México.
Las “irregularidades” en las puertas del comercio exterior del país van desde el lavado de dinero, el contrabando de todo lo que se pueda imaginar, así como el tráfico de hidrocarburos, estupefacientes y precursores hasta personas. La carrera contra el reloj es medular; una vez que el vehículo pasa la aduana “es complicadísimo detenerlo”, reconoce el funcionario.
De ahí la redundancia en la revisión. La primera pasa en la aduana con los binomios caninos, los laboratorios, los escáneres y la videovigilancia. La otra se realiza en el CPED. Aquí, desde que un vehículo empieza a cruzar la aduana hasta que sale de ella, el Centro de Comando y Control (C2) tiene cinco minutos para detectar alguna irregularidad y avisar a las aduanas para que paren su tránsito.
Desde una inconsistencia en las placas de un vehículo hasta una alerta previa sobre el importador se tendrían que detectar desde aquí. El trabajo del C2 se coordina en el momento con otra sala del CPED, la de revisión no intrusiva (RNI), donde casi una treintena de analistas tienen tres minutos –dentro de los cinco en que transitan los camiones o pipas– para analizar las imágenes de los escáneres de alta tecnología.
Aquí, en RNI, se coteja que los tráileres, buques, contenedores y demás realmente trasladen lo que declaran sus papeles de importación.
Durante la visita es detectada una irregularidad. Un contenedor trae dos equipos de maquinaria pesada, no uno, como menciona su pedimento de importación. El siguiente paso es avisar a la aduana para que paren su tránsito.
Hasta el año pasado, el trabajo en el CPED tenía un fin estadístico y reactivo, “a toro pasado”. Sólo cuando la Fiscalía General de la República (FGR) tenía una investigación en curso y pedía pruebas, este centro entregaba el material.
La naturaleza del CPED cambió. Hasta 2019, las aduanas eran instalaciones completamente civiles y parte del Servicio de Administración Tributaria. A mediados de ese año, tras un acuerdo con la Defensa Nacional, mandos “en situación de retiro” empezaron a tomar las riendas de las aduanas fronterizas y en 2021 se formalizó la presencia militar cuando la Administración General de Aduanas pasó a ser la ANAM. El andamiaje de ésta, como órgano desconcentrado de Hacienda, se repartió así: las aduanas fronterizas coordinadas por la Defensa Nacional; las marítimas, por la Marina, y las interiores, por la ANAM, como un ente distinto en su propio diseño. Dominan cuadros militares, de acuerdo con la pasada administración, para erradicar la corrupción. Los hallazgos publicados por el actual gobierno, sobre todo en materia de contrabando de hidrocarburos –el huachicol fiscal–, dan cuenta de que hasta 2025, el objetivo está pendiente.
El CPED es evidencia de esta combinación en la ANAM. Lo mismo se puede ver a un marino en el C2, que a un analista civil en la RNI y a un perfil que parece de carrera judicial en prevención de riesgos. Más allá de la entrada de militares a las operaciones en sitio, una nueva sacudida se dio el año pasado, según testimonios del personal.
“La naturaleza de CPED cambió. Ya no sólo persigue el contrabando de mercancías con análisis paramétricos (un tipo de estadística con la que se realizan modelos de predicción); ahora integra investigación en todas las áreas y se buscan una consecuencia jurídico-penal”, comenta el mismo funcionario de negro, quien en un punto agrega que su “expertise es en el servicio público (…) en áreas de inteligencia e investigación”.
Recaudatorio, no policial
El nuevo enfoque –que se tiene desde el año pasado–, agrega otro funcionario que participa en la conversación, ha llevado a que desde el CPED se hayan detectado casos de contrabando tanto en las aduanas marítimas como en las colindantes con Estados Unidos y, más allá de dar aviso a la FGR, se da seguimiento también a la investigación.
Durante el recorrido queda claro que el CPED tiene una base de analistas civiles, de carrera en las aduanas, un ente recaudatorio. Sin embargo, el lenguaje policiaco-judicial se impone: “inteligencia, pesquisa, investigación de campo, operación policial, consecuencia jurídico penal”.
“Las aduanas son un ente recaudatorio, no policial”, zanja uno de los funcionarios cuando se lleva la conversación hacia las capacidades operativas de la ANAM. Otro agrega que, dada la centralidad de estas instalaciones para la seguridad, está llegando “una nueva generación de videovigilantes, algunos ya criminalistas.
“El objetivo es tener un grupo táctico en sitio, coordinado desde aquí con las cámaras y que tenga respuesta en las aduanas para elaborar operativos en el lugar”, adelanta.
