■ Siete jóvenes en Calera fueron privados de su libertad por militares
■ Hay cerca de 435 personas desaparecidas, estiman organizaciones sociales
Un año. 365 días han pasado desde que 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, desaparecieron a manos de las fuerzas policiales, seis personas más fueron asesinadas por las autoridades y una más permanece en coma tras haber recibido un disparo en la cabeza.
El municipio de Iguala, en el estado de Guerrero, fue el escenario de esta tragedia que ha marcado a fuego a la presente administración federal.
Doce meses después, la herida sigue abierta para familiares, amigos, compañeros y miles de mexicanos y ciudadanos de otras partes del mundo que han recorrido calles, plazas y avenidas, en marchas multitudinarias, para exigir la presentación con vida de los jóvenes que siguen en paradero desconocido, así como el esclarecimiento del caso y el castigo a los responsables.
Las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales no son un caso aislado de Iguala o del estado de Guerrero. En Zacatecas, en el último año, tuvo lugar un suceso de estas características por el que actualmente están siendo procesados por la justicia militar cuatro elementos castrenses que pertenecían al 97 Batallón de Infantería de Fresnillo, incluido el general que encabezaba el destacamento, Martín Pérez Reséndiz.
La privación ilegal de la libertad de siete jóvenes por parte supuestamente de integrantes del Ejército Mexicano en Calera fue denunciada públicamente por los familiares de los desaparecidos. Las siete personas posteriormente aparecieron muertas en el municipio de Jerez, con el tiro de gracia.
Éste fue un caso de impacto nacional por enmarcarse en unos meses de efervescencia social en torno al respecto de los derechos humanos y a la actuación de las autoridades al margen de la legalidad con casos como el de los estudiantes de Ayotzinapa y el ocurrido en Tlatlaya, Estado de México.
En Zacatecas, los datos sobre personas desaparecidas no están claros. No existen cifras certeras, de acuerdo con lo que han reconocido las propias autoridades estatales de la Procuraduría General de Justicia de la entidad (PGJEZ). Las organizaciones sociales, como Zacatecanos Por la Paz, estiman que hay cerca de 435 personas desaparecidas, algunas desde hace varios años.
Entre estos casos denunciados por las asociaciones civiles se encuentra el de la joven Edith Marimar García Torres, de 18 años, quien desapareció el 4 de agosto de 2014 en Tacoaleche y hasta la fecha permanece como un caso no resuelto.
En la misma situación se encuentran varias familias de Villa González Ortega que han denunciado que cinco de sus parientes fueron arrestados por la Policía Federal hace tres años y no han vuelto a saber nada de ellos.
“Prácticamente son los familiares de los desaparecidos los que se hacen cargo de las investigaciones” y “no hay atención efectiva de las autoridades”, son algunas de las declaraciones de las propias víctimas que reflejan el abandono que sienten por parte del gobierno en este problema que organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Amnistía Internacional (AI) han calificado como “generalizado” en el país.
