En el México contemporáneo, el crimen organizado se ha trasladado a los hogares de las familias, específicamente con los niños a través de las pantallas y los controles de videojuegos. Recientemente, en este mes de marzo, Zacatecas ha sido señalado nuevamente como uno de los territorios prioritarios para el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes (NNA). Esta realidad, cruda y sistémica, nos obliga a mirar para entender cómo el crimen organizado está engañando a NNA mediante engaños en plataformas digitales y ofertas de trabajo que terminan en condenas de muerte o deshumanización.
La delincuencia ha evolucionado más rápido que nuestras políticas públicas de prevención. Hoy, el reclutamiento ocurre en espacios de interacción cotidiana digital como Free Fire, Call of Duty o Roblox, así como redes sociales. Mediante el uso de avatares que simulan ser pares, los reclutadores generan vínculos de confianza con menores, ofreciendo armas virtuales, dinero en el juego, mondas o falsas promesas de pertenencia.
La llegada de la Inteligencia Artificial (IA) ha sofisticado este peligro. Estudios recientes advierten cómo los chatbots y plataformas de IA están siendo utilizados para normalizar discursos de violencia y abuso. Existe una laguna legal inmensa en la regulación de estos espacios, mientras los niños interactúan en ecosistemas digitales globales, las fiscalías locales carecen de las herramientas tecnológicas para rastrear estos enganches en tiempo real.
Es fundamental entender que el reclutamiento no siempre llega a través de un secuestro físico inmediato, sino de un secuestro psicológico alimentado por la precariedad en caso de ofertas de trabajo en zonas de alta marginación. Muchos niños y adolescentes entran a las filas del narco por lo que llamo orfandad social, que es un estado de abandono estatal donde la vulneración y la pobreza extrema dejan a la familia sin redes de apoyo y el sistema perpetuo la pobreza. En este vacío, el crimen se presenta como la única plataforma de ascenso social para ayudar a sus madres o hermanos, ofreciendo: seguridad económica y un sentido de pertenencia falsa.
Una vez dentro, el proceso de entrenamiento es una trituradora de humanidad. Existe evidencia documentada de centros de adiestramiento, que funcionan como orfanatos, donde los menores son sometidos a tácticas de tortura y miedo. Se les obliga a usar armas de alto poder, a participar en homicidios y a normalizar la crueldad, así como pruebas de entrenamiento físico.
Los datos son devastadores, en México, el 85.27% de las personas imputadas por delitos vinculados al narcotráfico son hombres, muchos de los cuales iniciaron su carrera delictiva siendo menores de edad. Esta estadística no es una coincidencia, sino el resultado de una estrategia de reemplazo donde el crimen utiliza a niños como objetos desechables, sabiendo que su vulnerabilidad jurídica y emocional los hace piezas en su tablero de poder.
La crítica hacia la falta de políticas públicas debe ser frontal. No basta con patrullar las escuelas; se requiere una intervención profunda en la seguridad digital y una reconstrucción del tejido social, así como políticas económicas a largo plazo que permitan la movilidad social.
Cuando el Estado no garantiza protección diferenciada para los menores en zonas de conflicto, la omisión se convierte en violencia estructural. La prevención del delito no comienza con el arresto, sino con la garantía de que el hogar, las calles y la escuela sean espacios de cuidado.
Nuestras niñas y niños es una población que deben ser protegidas por la sociedad y Estado. Si no cerramos la laguna legal en IA y redes sociales, y no atendemos la orfandad social de nuestras periferias, seguiremos entregando a nuestras infancias a un sistema que las despoja de su piel humana para convertirlas en estadísticas de una guerra que ellos no empezaron.
Por: Dra. Claudia Lizbeth Soto Casillas
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