■ El país, señalado como uno de los más riesgosos para el ejercicio periodístico: organizaciones
■ La seguridad de quienes se dedican al periodismo se ha visto amenazada por “grupúsculos”: Tello
Los mecanismos que garantizan la protección a periodistas y defensores de derechos humanos por parte del Estado Mexicano existen, aseguró Ricardo Celso Nájera Herrera, titular de la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (Feadle), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR).
Esto, durante la clausura de unas jornadas de capacitación sobre libertad de expresión, dirigidas a periodistas y servidores públicos.
Pero, a pesar de la existencia de estas herramientas que buscan proteger la libertad de expresión, México ha sido señalado como uno de los países más riesgosos para el ejercicio periodístico por organizaciones internacionales como Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras.
El funcionario federal dijo que la fiscalía que encabeza es la encargada de investigar todo delito que se cometa en contra de la libertad de expresión. Por tanto, atiende los casos de periodistas que hayan sido víctimas de algún ilícito, cuya comisión haya estado relacionada con su actividad profesional.
Respecto a estas indagatorias que se llevan a cabo, ya la Quinta Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que es la encargada de atender las quejas de periodistas y defensores de derechos humanos, ha señalado que hay un alto grado de impunidad en este tipo de delitos.
El titular de esta área, Edgar Corzo Sosa, durante una visita a Zacatecas expuso que en concreto en los casos de homicidios de periodistas tan sólo el 10 por ciento termina con una sentencia.
Nájera Herrera informó que, de 2010 a la fecha, se han iniciado en la fiscalía que dirige nueve investigaciones de Zacatecas. Precisó que todas estas carpetas corresponden al periodo de 2010 a 2014, puesto que en 2015 y el presente 2016 no se ha comenzado alguna averiguación previa ni carpeta de investigación correspondiente al estado.
En entrevista posterior al evento, el titular de la Feadle expuso que todavía ninguno de estos casos ha sido concluido; pero quiso destacar que se les está dando seguimiento, de la misma forma que el resto de investigaciones que se tienen a nivel nacional.
El funcionario consideró que la libertad de expresión es “el oxígeno de todo Estado democrático”, así como una condición para garantizar la transparencia y rendición de cuentas.
El delegado de la PGR en Zacatecas, Raúl Jesús Izabal Montoya, coincidió en señalar que este derecho es la “piedra angular y pilar fundamental en la construcción de una democracia deliberativa”.
Cerró su discurso señalando que, en relación a la libertad de expresión, “sólo debe ser materia de interpretación el grado y la medida de su ejercicio, teniendo como límites las normas constitucionales y legales encaminadas a no permitir el abuso de esta”.
Por su parte, el gobernador Alejandro Tello Cristerna destacó que las dificultades que enfrentan los periodistas para el ejercicio de su profesión en el país es un tema que “merece especial atención”.
Sostuvo que, en México, la seguridad de quienes se dedican al periodismo se ha visto amenazada por “grupúsculos que desde el poder y la delincuencia han buscado evitar la publicación de alguna nota por no convenir a sus intereses particulares”.
El mandatario estatal insistió durante su intervención en que hay algunas opiniones que separan a los periodistas de los funcionarios, considerándolos “dos bandos irreconciliables”.
Sin embargo, comentó que cuando los comunicadores trabajan para informar debidamente a la sociedad y los funcionarios tienen como objetivo servir a la ciudadanía, ambos grupos tienen un mismo propósito que, dijo, es el bienestar público.
Concluyó que sólo en el momento en el que se anteponen “los intereses personales o de grupo al sentido del deber es cuando este escenario se corrompe y la libertad de expresión se encuentra comprometida”.
