■ En México hay 4.28 jueces por cada 100 mil habitantes; en otros países, 16 por este mismo número
■ Subsisten en la sociedad patrones culturales de maltrato y discriminación: Nora García
A pesar de las reformas que se han emprendido en México sobre derechos humanos y para lograr que todas las personas tengan un acceso a la justicia en caso de que se violen sus garantías, “la falta de confianza en el sistema de justicia sigue como un gran reto en la región”, aseguró Nora García Jiménez, representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México.
Frente a los trabajadores del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ) que asistieron a la inauguración del Diplomado Género y Derechos Humanos, García Jiménez expuso que debe haber una “mejora de la situación jurídica, especialmente del acceso a la justicia de las mujeres para reducir su vulnerabilidad y la impunidad”.
Esto, añadió, es necesario porque “persisten en nuestra sociedad patrones culturales de violencia y discriminación firmemente arraigados que lesionan los derechos y las libertades ciudadanas. Persisten todavía prácticas, roles, estereotipos, creencias, mitos en nuestra cotidianeidad; condiciones estructurales que limitan el ejercicio de los derechos humanos y acceso a la justicia”.
Respeto a las posibilidades de acceder a la justicia en México y de dar un buen servicio a quienes lo requieren, la representante del PNUD expuso que en México únicamente hay 4.28 jueces por cada 100 mil habitantes, mientras que en otros países hay 16 por este mismo número de población.
Aunque precisó que un mayor número de profesionales no garantiza un buen desempeño del sistema judicial, sí es necesario que haya suficientes jueces para atender a la población de manera pronta y que este aspecto esté relacionado con la cuestión cualitativa.
En el caso de las resoluciones judiciales en las que haya que tener en cuenta la equidad de género, la secretaria de la Mujer, Angélica Náñez Rodríguez, sostuvo que ya existe un protocolo elaborado por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN), al que Zacatecas se adhirió convirtiéndose en el octavo estado en el país en tomar esta decisión, durante la reunión del Foro Hemisférico Belem Do Pará + 20, que se celebró este mes.
Náñez Rodríguez aseveró que “si una mujer es violada, es golpeada, es abusada, es agredida emocionalmente de manera constante por su pareja y al final de los años de vivir este tipo de violencia, en un arranque, mata a su cónyuge; administrando la justicia de manera seca le dicen 30 años porque mató, punto.
Pero toma en cuenta las circunstancias en las que esa mujer estuvo viviendo y qué tanto fue víctima de esa persona y todos esos elementos (…) son la perspectiva de género”.
Por su parte, la representante del PNUD aseguró que México debe incluir en su agenda política dos metas prioritarias que son propiciar que todas las personas, en especial las mujeres, puedan ejercer con libertad sus derechos y generar las condiciones de acceso a la justicia.
En este sentido, concluyó asegurando que “es responsabilidad del Estado remover estos obstáculos que dificultan el acceso a la justicia a toda persona, y en el caso de las mujeres a estos obstáculos se añaden los que resultan de la discriminación de género”.
Por su parte, el magistrado presidente del TSJEZ, Juan Antonio Castañeda Ruiz, expuso que con este diplomado se da cumplimiento a las “medidas de reparación que la Corte Interamericana ordenó a los órganos impartidores de justicia de todo el país”, mediante las que se obligó a organizar capacitaciones en todas las entidades sobre género y derechos humanos.
