Quienes integran las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Jurisdiccional de la 64 Legislatura del estado dieron a conocer el dictamen mediante el cual se procede a la instauración del juicio político en contra de Maribel “N”, funcionaria del Gobierno del Estado de Zacatecas, por lo que, para tal efecto, se planteó que se integre una Comisión Instructora para dar continuidad al procedimiento de juicio político conforme a lo dispuesto por las leyes de la materia.
En voz del diputado Jehú Eduí Salas, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, se recordó el motivo de la instauración de juicio político en contra de la funcionaria, toda vez que no asistió en varias ocasiones a la Glosa del Primer Informe de Gobierno al Poder Legislativo y en su derecho de audiencia, los elementos presentados en su defensa no pudieron ser acreditados para desvirtuar su omisión a un mandato constitucional.
En conclusión, dijo el diputado, la Comisión de Examen Previo considera que la denuncia es jurídicamente sustentable en razón de que se han cumplido con los requisitos de forma, no se advierte una causal de improcedencia y los hechos denunciados en efecto constituyen una obligación para los titulares de la dependencias del Ejecutivo prevista en los artículos 59 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas.
“No pasa desapercibido que, en el ejercicio de su defensa, la ciudadana denunciada hace alusión en su informe circunstanciado y en el escrito presentado en fecha 16 de febrero de 2023, que no ha incurrido en falta alguna en el ejercicio de sus funciones, sin embargo, ello no será materia de análisis en el presente dictamen, puesto que éste se enfoca en verificar si los hechos y violaciones denunciadas encuentran sustento jurídico para poder ser materia de juicio político”, explicó el legislador.
“Por lo tanto, partiendo de la existencia de esta obligación como un ejercicio democrático de rendición de cuentas, en efecto se trata de un acto de suma relevancia para el desarrollo político del Estado, mientras que por otro lado el dicho de la denunciada está enfocado en desvirtuar las violaciones que se le atribuyen, con lo que se constituye una controversia que puede ser materia del juicio político”.
No obstante, explicó también Jehú Salas, el presente dictamen no prejuzga sobre la existencia de una omisión al cumplimiento de sus obligaciones o atribuciones, ni considera acreditada violación alguna, sino que se presume su inocencia, por lo que únicamente se abre paso a la siguiente etapa del procedimiento de juicio político para que sea a través de éste que se deslinden responsabilidades.
