El procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA), Álvaro García Hernández, advirtió que la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCF) −prevista para abril de 2027, año en que habrá elecciones en 18 entidades del país− corre el riesgo de no ser prioridad para algunos gobiernos estatales, que podrían orientar recursos hacia los procesos electorales en lugar de garantizar el interés superior de la niñez.
García Hernández participó como moderador y ponente en la mesa “Intervención de las Procuradurías de Protección en juicios familiares a partir de la implementación del CNPCF”, ayer, durante el segundo día de la Jornada Nacional de Capacitación de Procuradurías Municipales de Protección de NNA 2026.
Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el procurador expresó incertidumbre ante la implementación del nuevo código. “Todavía no sabemos, efectivamente, hasta qué punto se va a tomar como un elemento jurídico con vigor a partir del primero de abril del [2027]”, dijo al explicar que la aplicación requiere una inversión considerable en salas para los juicios orales y en capacitación de jueces y abogados.
El procurador explicó que el nuevo ordenamiento establece como principios la perspectiva de género y el interés superior de niñas, niños y adolescentes en las decisiones judiciales. No obstante, cuestionó que este último principio todavía no se comprenda ni se aplique plenamente, pese a estar reconocido en la Constitución.
Relató que, durante algunas audiencias, ha observado la participación de varios abogados que defienden las posiciones de la madre o del padre, mientras quedan relegadas la opinión y las necesidades de los menores de edad involucrados.
Añadió que el principio de concentración busca reducir el número de audiencias y evitar que los procedimientos prolongados desgasten emocionalmente a niñas, niños y adolescentes.
Por su parte, Luis Peña Cruz, encargado del Despacho de la Dirección General de Representación Jurídica y Restitución de Derechos de NNA, advirtió que solamente tres estados en el país han implementado el CNPCF, cifra que no representa ni el 10 por ciento del país.
Explicó que la aplicación del ordenamiento en cada entidad requiere que el Poder Judicial solicite al Congreso local la declaratoria correspondiente. Añadió que existen versiones extraoficiales sobre una posible prórroga a la fecha límite de entrada en vigor.
Destacó que el código ya ha sido reformado en tres ocasiones desde su publicación y que ha sido objeto de dos acciones de inconstitucionalidad, por lo que lo definió como «un código en construcción».
María de Lourdes Hernández Bonilla, consejera de la Judicatura de Chiapas, precisó que el CNPCF demanda que quienes defiendan a niñas, niños y adolescentes cuenten con especialización en la materia. Señaló que los diplomados no serían suficientes, pues para acreditar este requisito se necesitará de formación respaldada por cédula profesional.
“Así que a preocuparnos, a prepararnos y especializarnos”, exhortó al advertir que, si durante una audiencia el juez advierte que un abogado no cuenta con la preparación requerida, podrá solicitar la intervención de defensores públicos.
Añadió que las instituciones deberán promover la formación de su personal para evitar que la falta de especialistas obstaculice la participación de las procuradurías en los juicios.
