Este jueves, en sesión ordinaria del Congreso del Estado, diputadas y diputados aprobaron como de urgente y obvia resolución exhortos para atender daños tras la explosión en la comandancia de Luis Moya, retirar alimentos en descomposición en inmuebles incendiados en Tlaltenango y Juchipila, y para que el gobernador designe a la persona titular de la Dirección de Regularización de Fraccionamientos Rurales.
Al exponer que México se ubica entre los países con mayor número de fallecimientos por siniestros de tránsito, María Dolores Trejo Calzada (Morena) propuso endurecer las sanciones en delitos culposos derivados de accidentes viales. La iniciativa contempla penas de tres días a cuatro años de prisión, multas económicas y la suspensión o pérdida de la licencia, además de sancionar con uno a tres años de prisión a quienes utilicen teléfono celular u otros dispositivos al conducir y causen lesiones o pongan en riesgo la vida.
Dayanne Cruz Hernández (PRI) presentó un exhorto para que el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Luis Moya implementen medidas administrativas, presupuestales y de coordinación para reparar los daños ocasionados por una explosión desde un vehículo en las inmediaciones de la comandancia municipal el pasado 5 de marzo, que dejó afectaciones en viviendas, espacios educativos e infraestructura pública.
La priísta señaló que los daños en la comandancia sí han sido atendidos, pero las afectaciones a viviendas y otros espacios han quedado sin una respuesta integral.
Karla Estrada García (PAN) urgió a autoridades de salud federales y estatales, así como de los ayuntamientos de Tlaltenango y Juchipila, a atender establecimientos incendiados durante hechos de violencia tras el abatimiento de alias El Mencho, el pasado 22 de febrero. Explicó que semanas después de los siniestros continúan expuestos alimentos y mercancía en descomposición (incluidos perecederos y cárnicos), lo que genera olores fétidos y riesgos a la salud pública.
También fue aprobada como de urgente u obvia resolución la iniciativa de Carlos Peña Badillo (PRI) para exhortar al ejecutivo estatal a designar a la persona titular de la Dirección de Regularización de Fraccionamientos Rurales, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial (Seduvot), vacante desde el 1 de enero tras la renuncia de la anterior titular. Señaló que dicha dirección administra alrededor de 1.3 millones de hectáreas y que la falta de titular frena el acceso a programas como Producción para el Bienestar.
Martín Álvarez Casio (Morena) presentó una iniciativa de reforma constitucional para modificar el proceso de designación de la persona titular de la Fiscalía Anticorrupción, proponiendo que el Fiscal General elija de una terna previamente integrada por el Comité de Participación Ciudadana, mediante convocatoria pública.
Santos Antonio González Huerta (Morena) planteó reformar la Ley Federal de Protección al Consumidor para regular la reventa de boletos, con el objetivo de reconocer esta actividad como lícita, pero bajo criterios de transparencia, diferenciando la reventa ocasional de la especulativa y prohibiendo prácticas abusivas como el uso de bots para acaparar entradas.
Además, se presentaron iniciativas para garantizar accesibilidad en servicios públicos, atención preferente y sanciones para casos de abandono en adultos mayores (Pedro Martínez Flores); fortalecer las políticas públicas dirigidas a personas adultas con síndrome de Down (Karla Estrada García); y para cambiar el nombre de la Comisión de Asuntos Migratorios a Comisión de Asuntos Binacionales e Internacionales (Roberto Lamas Alvarado).
La sesión inició con aproximadamente una hora de retraso y con 17 diputados presentes, y concluyó al desahogarse el punto 14 de 21 del orden del día, luego de que se rompiera el quórum.
